Las autoridades españolas tienen dos meses para completar la transposición de la directiva sobre el agua potable en su legislación nacional tras el aviso de la Comisión Europea, según informó el propio Ejecutivo comunitario.
Bruselas envió a Madrid un dictamen motivado, el segundo paso en el procedimiento de infracción de la CE, para adoptar en su totalidad una ley cuyo objetivo es “proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación del agua destinada al consumo humano, garantizando su salubridad y limpieza”.
En octubre de 2015 se revisaron los anexos técnicos en los que se establecen los requisitos mínimos de control del agua potable dados los últimos avances técnicos y científicos, y los Estados miembros tenían que adoptar las medidas para cumplir con la legislación antes del 27 de octubre de 2017.
Como España no respetó el plazo inicial, la Comisión envió a Madrid una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento de infracción comunitario, en noviembre de 2017, y ahora ha remitido un dictamen motivado, es decir, una petición formal para cumplir la norma.
Las autoridades españolas, que han reconocido estar preparando las medidas necesarias para cumplir la directiva, disponen de dos meses para notificar a la Comisión las medidas tomadas para corregir la situación o, de lo contrario, el asunto podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
