Organizaciones de México, Panamá, Perú y Chile se unieron en el proyecto Legal Ocean Watch (LOW), una innovadora iniciativa que busca combatir la pesca ilegal en América Latina mediante el uso de herramientas satelitales y un enfoque colaborativo. Este esfuerzo apunta a transformar la regulación pesquera y fortalecer la protección de los ecosistemas marinos.
La pesca en aguas continentales es una actividad clave para la seguridad alimentaria y el empleo mundial. En 2019, representó el 12,7% de la producción pesquera global, beneficiando a más de 58 millones de personas. Sin embargo, la pesca ilegal amenaza gravemente esta industria, generando pérdidas económicas anuales estimadas entre 10.000 y 23.000 millones de dólares, según Naciones Unidas.
Además del daño ecológico, esta práctica ilícita está asociada a violaciones de derechos humanos, como la trata de personas y el trabajo forzado. En América Latina, las economías costeras y las comunidades que dependen de la pesca se ven particularmente afectadas por estas actividades ilegales.
Tecnología para vigilar los océanos
En respuesta a esta crisis, LOW implementará sistemas de monitoreo satelital para detectar embarcaciones ilegales y generar pruebas que puedan ser utilizadas en litigios. La iniciativa es liderada por la organización FIMA de Chile y cuenta con la participación de Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) de México, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú.
“Hoy en día, la pesca ilegal no solo amenaza los océanos por la sobreexplotación de especies, sino también por su impacto en el medio ambiente y las comunidades. Además, está vinculada a delitos como la trata de personas y condiciones laborales inhumanas”, explicó Antonia Berrios, coordinadora de ONG FIMA y de LOW en Latinoamérica.
El proyecto emplea herramientas de la plataforma Global Fishing Watch (GFW), como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS). Estos recursos permiten rastrear la actividad pesquera en tiempo real y recopilar datos cruciales para fortalecer la legislación pesquera.
Hacia un cambio estructural
LOW no solo busca sancionar la pesca ilegal, sino también impulsar reformas que permitan el uso de la tecnología satelital en procesos administrativos y judiciales. A corto plazo, las organizaciones participantes recibirán capacitación en el uso de estas herramientas. A largo plazo, se espera consolidar cambios regulatorios que fortalezcan la vigilancia y el cumplimiento de la normativa pesquera en la región.
Además, la iniciativa promueve la cooperación con comunidades costeras afectadas, fomentando un enfoque ético y sostenible en la lucha contra la pesca ilegal.
¿Cuáles son las consecuencias de la pesca ilegal?
La pesca ilegal tiene consecuencias negativas para el:
- Medio ambiente: la pesca ilegal destruye los ecosistemas marinos, erosiona la red alimentaria, provoca la pérdida de especies marinas, como tortugas y corales, y aumenta la contaminación de los mares.
- Economía: produce la pérdida de ingresos y empleos para pescadores y comunidades pesqueras, como también la pérdida de ingresos fiscales para los gobiernos y el daño a la reputación de la industria pesquera.
- Sociedad: Amenaza a la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros y afecta los medios de vida de quienes se dedican a la pesca artesanal.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, según la FAO. Por esta razón, para combatir la pesca ilegal se pueden establecer áreas protegidas, implementar acuáticos y terrestres para vigilancia y protección, instalar puntos de revisión, establecer un sistema virtual de denuncia de pesca ilegal e incorporar pescadores en la vigilancia y cuidado de los recursos.
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