El director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea (CE), Daniel Calleja, aseguró que hay “16 Estados miembros de la Unión Europea (UE) ante el Tribunal de Justicia y 17 procedimientos más en fase precontenciosa” por la mala calidad del aire.
“En el ámbito de la calidad del aire es en el área que más actuaciones hay por parte de la Comisión Europea”, añadió Calleja en el EU Clean Air Forum (Foro Aire Limpio de la Unión Europea), que está teniendo lugar en Madrid organizado por la oficina española de la Comisión Europea.
El coordinador del informe sobre el ozono de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, durante el turno de preguntas posterior al debate, preguntó por la posibilidad de agilizar los procedimientos existentes y que “no transcurran 11 años de incumplimiento”, como -según el portavoz- es el caso de Madrid con el valor límite de dióxido de nitrógeno (NO2).
En este sentido, Calleja explicó que “el procedimiento escrito concluyó en noviembre del año pasado” y que la siguiente etapa consiste en la vista oral, las conclusiones del abogado general y la sentencia del tribunal, pero detalló que se espera que “en el primer semestre del año 2022 tengamos una decisión”.
Motivación jurídica
El ministro para la Transición Climática, Medio Ambiente y Democracia participativa de la Región de la Capital de Bruselas, Alain Maron, relató que el Tribunal condenó a Bruselas por no cumplir con los niveles de contaminación atmosférica y eso motivó “la implantación en 2018 de una de Zona de Bajas Emisiones”, así como la futura prohibición de motores de gasolina para el año 2025.
Por su parte, el presidente del Foro de Jueces de Medio Ambiente de la Unión Europea, Luc Lavrysen, defendió la importancia de que “todo el mundo tiene derecho ir a juicio para denunciar cualquier situación que incumpla una ley europea” y aseguró que en los últimos años “se han abierto las puertas de los juzgados para estos temas” ambientales.
Lavrysen puso el ejemplo de Bruselas, donde una estación de medición de calidad del aire estaba rota y los ciudadanos consiguieron por medio de una demanda judicial que la estación fuese sustituida.
La directora general de la Organización Europea de Consumidores, Monique Gossens, aprovechó para recordar que “la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó un estudio que indica que los niveles de contaminación en Madrid y Barcelona están por encima de la normativa europea” y que “no ha habido respuesta”, por lo que existe un “derecho de compensación” para los ciudadanos que se han visto dañados por esta falta de acción.
