La Comisión Episcopal de Pastoral Social, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina, publicó una carta dirigida a diputados y senadores nacionales ante la posibilidad de modificar la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
En el texto, la Iglesia expresó su “profunda preocupación” y exhortó a los legisladores a “anteponer el bien común a los intereses particulares”, recordando que la norma vigente es fruto de un consenso político, social y científico.
Los glaciares como “catedrales de agua”
El documento subraya que los glaciares no son simples recursos económicos, sino fuentes de agua y vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico. La Comisión los definió como verdaderas “catedrales de agua”, esenciales para las poblaciones, las actividades productivas y la biodiversidad.
La carta advierte que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico y universal, cuya afectación impacta primero en los más pobres y en las comunidades originarias.
Doctrina social y Laudato Si’
El texto retoma conceptos de la Doctrina Social de la Iglesia y de la encíclica Laudato Si’, señalando que no existen crisis separadas —una ambiental y otra social—, sino una única crisis socio-ambiental. Bajo esa premisa, la Iglesia llamó a promover una aproximación integral que combata la pobreza, devuelva dignidad a los excluidos y cuide la naturaleza.
La Pastoral Social pidió a los legisladores:
- Mantener y fortalecer los presupuestos mínimos de protección establecidos por la Ley de Glaciares.
- Escuchar la voz de comunidades locales y científicos en cualquier debate parlamentario.
- Respetar el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú en discusiones sobre explotación de recursos.
Bancarrota global del agua y responsabilidad histórica
La misiva alerta que el planeta ha entrado en la era de la “Bancarrota Global del Agua”, con ríos, lagos, acuíferos, humedales, suelos y glaciares dañados hasta perder perspectivas realistas de recuperación total. Ante ello, la Iglesia instó a reconocer los límites de la naturaleza como condición para un desarrollo humano y social más sano.
La Comisión apeló a la responsabilidad de los representantes y citó al Papa Francisco, quien advirtió sobre los efectos de la degradación ambiental, el modelo de desarrollo actual y la cultura del descarte. El texto concluye con un llamado a la solidaridad intergeneracional, exhortando a los legisladores a ser “estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares”, mostrando la nobleza de la política.
La intervención de la Iglesia en el debate sobre la Ley de Glaciares refuerza la idea de que el agua es un derecho universal e inalienable y que su protección no puede subordinarse a intereses económicos de corto plazo. La carta abierta se convierte en un recordatorio de que los glaciares son patrimonio natural y estratégico, esenciales para la vida y el futuro de las próximas generaciones.
