Se cumplen 15 años de la sanción de la Ley de Glaciares, que llegó luego de una fuerte presión de la sociedad civil, de la comunidad científica y de las organizaciones ambientales.
La norma se convirtió en un hito en la historia jurídica ambiental argentina al establecer la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y patrimonio natural nacional.
Qué sucede hoy y cuáles son los desafíos a nivel ambiental, normativo y de políticas aplicables.
A 15 años de la Ley de Glaciares: la situación y el reclamo
La Ley de Glaciares convirtió a la Argentina, además, en el primer país del mundo en sancionar una normativa nacional de protección de estos ecosistemas. Se trata de un antecedente valorado internacionalmente en plena crisis climática y que hoy corre riesgo frente a políticas negacionistas que buscan desandar ese camino.
Durante estos 15 años, la norma enfrentó cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad, consolidándose como una herramienta esencial para la política ambiental del país.
El fallo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
«Los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que, funcionan como nuestras fábricas de agua. Lo que la megaminería nos quiere sacar cuando amenaza la ley es a nuestras cuencas y ríos», explica Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
«Desde la cordillera alimentan a poblaciones mucho más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas», agrega. «En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida. Están cada vez más amenazados por la crisis climática, y por eso tenemos que cuidarlos más que nunca», remarca.
Amenazas actuales y desafíos pendientes
El retroceso acelerado de los glaciares, agravado por la crisis climática global, expone retos inmediatos para la implementación de la Ley. En los últimos años, se registró la mayor pérdida de glaciares desde que existen mediciones, y en Argentina el retroceso es la tendencia dominante en los glaciares monitoreados.
Desde Greenpeace Argentina alertan por la urgencia de garantizar controles efectivos y medidas de protección reales sobre estas reservas estratégicas de agua dulce. En lugar de retroceder en su cuidado con intentos de invalidación de la Ley.
“El retroceso sin precedentes de los glaciares expone la fragilidad de nuestra seguridad hídrica. Cuidarlos es un deber con las generaciones presentes y con quienes vendrán, porque sin glaciares no hay futuro posible.”, afirma Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de la ONG a nivel local.
Especialistas advierten que, junto con las promesas de grandes ingresos económicos, se utilizan hoy los argumentos de la transición energética y la extracción de minerales críticos para justificar la flexibilización de la Ley. Así también abren paso a proyectos extractivos en zonas que deberían permanecer protegidas.
También remarcan que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios extraordinarios a las corporaciones mineras, lo que aumenta la presión para vulnerar la normativa ambiental.
«La paradoja es que, en nombre de la transición energética, se está proponiendo destruir ecosistemas que son los que hoy nos ayudan a cuidar el planeta», agrega Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
«La Ley de Glaciares fue una ley con amplio apoyo popular y también científico. La evidencia científica ha avanzado en estos 15 años y nos confirma que es un ecosistema que cumple funciones vitales en el suministro de agua y en la mitigación del cambio climático”, sostiene.
El pedido de las comunidades locales
En los territorios, las comunidades vienen denunciando que, aunque la Ley existe, no siempre se cumple. La Asamblea Jáchal No Se Toca recordó que, a 10 años del derrame de cianuro y mercurio en Veladero, los impactos sobre la cuenca del río Jáchal persisten.
La experiencia comunitaria se convirtió en prueba de las falencias del sistema de control, sostienen. “Recordamos que, en 2018, el juez Sebastián Casanello elevó a juicio la causa contra el exsecretario de Ambiente Juan José Mussi y el exdirector del IANIGLA Ricardo Villalba por vulnerar la Ley de Glaciares.
En su resolución sostuvo que elaboraron un documento en contradicción con la ley que impidió inventariar y proteger cuerpos de hielo en la cordillera de San Juan. Allí opera la mina Veladero de Barrick Gold.
Casanello concluyó que esos incumplimientos afectaron derechos humanos fundamentales, como el acceso a un ambiente sano y al agua, lo que le generó un perjuicio a nuestra comunidad”, afirmó Saúl Zeballos, referente de la Asamblea Jáchal No se Toca.
Los desafíos por delante
Los especialistas coinciden en que proteger la Ley frente a intentos de modificación es indispensable para garantizar su vigencia.
En este sentido, apuntan a reforzar los controles, garantizar la transparencia de la información pública. Además, asegurar presupuestos adecuados para el monitoreo de glaciares y ambiente periglacial y para la actualización del inventario son medidas clave.
A 15 años de su sanción, la Ley de Glaciares se mantiene como un pilar fundamental de la política ambiental argentina.
