La mayoría de los países del mundo carecen de planes nacionales adecuados para frenar la extinción de animales y plantas, según han afirmado varios expertos de la ONU, que han pedido que se pongan en marcha programas que permitan cumplir unos objetivos fijados para 2020.
Solo unos pocos países –entre ellos, Francia, Guatemala y Reino Unido– han aprobado nuevos planes nacionales para hacer frente a problemas como la contaminación o el cambio climático en línea con el acuerdo internacional que se alcanzó en Nagoya (Japón) en 2010 durante la Convención sobre Diversidad Biológica, que estableció 20 objetivos que se debían alcanzar durante la década siguiente.
David Cooper, jefe del departamento científico, técnico y tecnológico de la Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU en Montreal (Canadá), ha declarado a la agencia Reuters que ‘aún queda mucho por hacer’.
Representantes de unos 200 países se reunirán en Hyderabad (India) entre el 8 y el 19 de octubre para analizar los avances que se han hecho en la protección de la biodiversidad. Según la ONU, estamos experimentando el mayor ritmo de extinción de especies animales y vegetales desde que desaparecieron los dinosaurios, hace 65 millones de años.
AVANCES INSUFICIENTES
Algunos de los 20 objetivos que se fijaron en 2010 son reducir gradualmente las subvenciones perjudiciales y ampliar las áreas protegidas para, por ejemplo, salvar arrecifes de coral donde viven numerosas especies de peces o ralentizar la deforestación.
‘¿Se han hecho avances significativos lo suficientemente rápido como para alcanzar los objetivos en 2020? Probablemente, no en todos los casos’, ha admitido Cooper. La biodiversidad se verá amenazada si se cumple la previsión de que la población mundial aumentará de 7.000 a 9.000 millones de personas de aquí a 2050.
Hay muchos países, como Australia, Brasil o China, que están haciendo progresos. China, por ejemplo, ha avanzado mucho en las labores de reforestación, según Cooper. Estados Unidos no forma parte de la Convención sobre Diversidad Biológica.
Los países también han actuado con lentitud a la hora de ratificar un protocolo que establece una serie de normas sobre el acceso a recursos genéticos y sobre cómo pueden las empresas, los pueblos indígenas y los gobiernos compartir beneficios.
RATIFICACIÓN
Hasta ahora, 92 países han firmado el Protocolo de Nagoya pero solo seis lo han ratificado, pese a que se necesita la ratificación de 50 países para que tenga fuerza legal. El objetivo es que esté en funcionamiento antes de 2015.
Valérie Normand, que ocupa un alto cargo en la Convención sobre Diversidad Biológica, ha reconocido que la Secretaría ha sido ‘un poco demasiado optimista’ porque realmente esperaba que entrase en vigor este mismo año.
AHORRO
Cooper ha destacado que muchas de las metas fijadas para 2020 permitirían ahorrar miles de millones de dólares al año, al garantizar que la agricultura, la tala de árboles y la pesca se podrán realizar de forma sostenible.
En la conferencia de Nagoya, los expertos estimaron que el dinero que hay que aportar anualmente para preservar la biodiversidad es de unos 3.000 millones de dólares (más de 2.300 millones de euros), pero algunos países en vías de desarrollo pidieron que se elevase a unos 300.000 millones de dólares (más de 233.000 millones de euros).
‘Son cifras grandes, pero son insignificantes si se comparan con los beneficios que obtenemos de la biodiversidad. Si no actuamos, los costes serán mucho mayores’, ha advertido.
Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la ONU, el 32 por ciento de las especies de ganado están en riesgo de extinguirse en los próximos 20 años. Además, desde 1900 se ha perdido el 75 por ciento de la diversidad genética de los cultivos agrícolas.
Cooper ha señalado que el ritmo al que se van extinguiendo especies en nuestro planeta –donde actualmente hay unos nueve millones– es, posiblemente, cien veces mayor que la tasa de extinción de fondo (la que se produce de forma normal en el curso de la evolución) que revelan los fósiles.
En 2010 se marcó el objetivo de ampliar las áreas protegidas para la vida salvaje para que en 2020 representen un 17 por ciento del territorio del mundo y también el de ampliar las áreas protegidas en el mar al 10 por ciento de las aguas de jurisdicción nacional. Ese año, los porcentajes eran el 12,7 y el 4, respectivamente.
