La contaminación por metales pesados como mercurio, plomo, arsénico y cadmio, producto de las actividades mineras en Bolivia, está causando estragos en la salud de los habitantes de los pueblos originarios y en sus territorios.
Ante esta situación crítica, representantes de comunidades afectadas acudieron al Congreso en busca de justicia y medidas urgentes para abordar los problemas medioambientales y de salud que enfrentan.
El impacto de la minería en el medio ambiente es profundo. A medida que los metales extraídos alteran el equilibrio ecológico al ser removidos de depósitos naturales, se generan problemas como la degradación del suelo, deforestación y contaminación de agua y aire.
Este deterioro afecta directamente a comunidades como las de San Agustín de Puñaca (Oruro), Cantumarca (Potosí) y las poblaciones indígenas del Cpilap (La Paz).
Casos alarmantes de contaminación en Bolivia
Prudencio Poma, autoridad originaria del Ayllu San Agustín de Puñaca, compartió en una audiencia en la Cámara de Diputados cómo el lago Poopó, antaño rico en biodiversidad, ahora está salado y contaminado debido a décadas de actividades mineras. Esta transformación no solo alteró el ecosistema, sino que también acabó con la agricultura, ganadería y pesca, que eran el sustento de la población.
En el caso de Cantumarca, en Potosí, análisis de sangre realizados a 120 personas indicaron que el 85% de los habitantes presentaban niveles elevados de plomo en sangre. En el Norte de La Paz, exámenes realizados a más de 300 personas de comunidades indígenas como los Ese Ejjas y los Tsimanes revelaron que el 74.5% presentaban niveles de mercurio hasta siete veces superiores a los permitidos por estándares internacionales.
Estos resultados alarmantes fueron corroborados por estudios adicionales en San Agustín de Puñaca, donde el 100% de los habitantes analizados presentó concentraciones de arsénico superiores a las recomendadas por la Unión Europea.
La presencia de metales pesados en los cuerpos de los habitantes desvela una problemática sistémica: el incumplimiento de las sentencias que los pueblos originarios lograron tras presentar demandas legales. En todos los casos mencionados, se obtuvieron fallos favorables que ordenaban medidas de reparación y prevención, pero las resoluciones no han sido implementadas.
Demandas y llamados a la acción
Las comunidades afectadas han unido fuerzas desde 2022, formando un bloque para exigir el cumplimiento de sentencias judiciales y la creación de soluciones efectivas. Sus peticiones incluyen:
- Cumplimiento inmediato de sentencias judiciales: que las instituciones estatales ejecuten los planes de rehabilitación ambiental ordenados.
- Fondo de emergencia ambiental: destinado a la reparación integral de los territorios contaminados y a compensar a las personas afectadas.
- Medidas preventivas: prohibir nuevas concesiones mineras en áreas sensibles, controlar los pasivos ambientales existentes y garantizar la rehabilitación de aguas contaminadas.
- Atención médica especializada: para tratar a las personas intoxicadas por metales pesados, además de implementar políticas públicas permanentes para los afectados.
En Cantumarca, por ejemplo, se ordenó el cierre de los diques de cola de Laguna Pampa I y II, responsables de esparcir contaminantes hacia las comunidades cercanas. No obstante, pese a que el plazo para cumplir la sentencia venció en junio de 2024, las medidas aún no han sido implementadas.
De manera similar, en el caso de Cpilap, se dictaminó la rehabilitación de peces en ríos afectados como el Beni y Madre de Dios, junto con investigaciones penales por la contaminación, pero estas disposiciones tampoco han avanzado.
Reflexión y necesidad de justicia ambiental
La crisis que enfrentan estas comunidades no solo es un reflejo de los impactos de la minería desregulada, sino también de la falta de voluntad política para proteger a las poblaciones vulnerables.
Además de los daños inmediatos en la salud y el medio ambiente, estas situaciones generan desconfianza en las instituciones y perpetúan ciclos de pobreza y desigualdad.
La situación de los pueblos originarios afectados por la minería en Bolivia resalta la necesidad urgente de tomar medidas concretas para garantizar justicia ambiental y proteger los derechos humanos.
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