El debate por posibles cambios en la Ley de Glaciares (Ley 26.639) volvió a encender la discusión en el sur de Mendoza.
En San Rafael, vecinos, organizaciones ambientales y referentes sociales se concentraron para expresar su rechazo a cualquier intento de flexibilizar una norma que protege los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
Con carteles y consignas, predominó un mensaje claro:
“El agua no se negocia”.
En una provincia donde el recurso hídrico es vital para la producción agrícola, el consumo humano y el desarrollo regional, la defensa del agua se convirtió en bandera transversal.
Lo que establece la ley vigente
La Ley 26.639 fija presupuestos mínimos de protección:
- Prohíbe actividades que puedan afectar glaciares y áreas periglaciares, como la exploración y explotación minera.
- Obliga a realizar inventarios y estudios de impacto ambiental.
- Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce esenciales para el país.
El debate por la reforma
Los sectores que impulsan cambios sostienen que la normativa actual bloquea proyectos mineros sostenibles y que el concepto de “ambiente periglacial” es demasiado amplio. Buscan mayor seguridad jurídica y compatibilizar desarrollo productivo con cuidado ambiental.
Por su parte, organizaciones ambientales y científicas advierten que modificar la ley sería ilegal e inconstitucional, ya que viola el principio precautorio y pone en riesgo recursos estratégicos en un contexto de cambio climático acelerado.
Informe técnico de ONGs y científicos
Un documento presentado por Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, WCS Argentina y Fundación Humedales alerta sobre los riesgos de la desprotección:
- Los glaciares almacenan agua en forma de hielo y la liberan gradualmente durante todo el año, sosteniendo ecosistemas y servicios hídricos.
- Los glaciares de escombro y áreas periglaciares aportan hasta un 30 % del agua de los ríos en años secos.
- La flexibilización abriría la puerta a la minería en zonas sensibles, con riesgo de desabastecimiento, pérdida de biodiversidad y degradación irreversible.
Implicancias principales de la reforma
- Flexibilización: se eliminaría la protección automática de todos los glaciares, limitándola solo a los que cumplan una “función hídrica comprobada”.
- Gestión provincial: las provincias decidirían qué glaciares proteger, generando un sistema heterogéneo y discrecional.
- Riesgo hídrico: amenaza al suministro de agua dulce en regiones áridas.
- Impacto ambiental: riesgo para el 86 % de los mamíferos argentinos y para la biodiversidad en general.
El debate sobre la Ley de Glaciares enfrenta dos visiones: la necesidad de desarrollo económico provincial y la preservación de reservas hídricas estratégicas.
En Mendoza, donde el agua es un recurso escaso y vital, la sociedad civil se moviliza para defenderla como patrimonio común. Proteger los glaciares es proteger la vida, la biodiversidad y el futuro de las comunidades.
