El futuro de más de 1500 sitios impactados por derrames de petróleo en la Amazonía peruana es incierto. Una preocupación que surgió luego de que la empresa de hidrocarburos Pluspetrol Norte S.A. confirmara la liquidación de sus operaciones en los lotes petroleros 192 y 8, ubicados en la región Loreto.
La compañía hizo el anuncio a inicios de diciembre de 2020 cuando, a través de un comunicado, manifestó que no está obligada a remediar los pasivos ambientales dejados por empresas que antes operaron en las zonas de los lotes mencionados.
El Lote 192 (antes 1AB) empezó sus operaciones en 1971 a cargo de Occidental Petroleum Corporation of Perú (OXY), y a partir del año 2000 y hasta el 2015, estuvo bajo el manejo de Pluspetrol Norte. Aunque actualmente este lote no está a cargo de Pluspetrol Norte, la remediación de los daños ambientales causados hasta el 2015 deben ser asumidos por esta compañía, indica el gobierno peruano. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa Frontera Energy.
En el caso del Lote 8, las operaciones también se iniciaron en 1971 y estuvo en manos de PetroPerú hasta 1996, año en que pasa a manos de Pluspetrol Norte. Esta concesión está vigente hasta 2024.
«La empresa ya inició el proceso de liquidación», dice el líder indígena Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), quien comentó que representantes de Pluspetrol Norte se están reuniendo con cada una de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del Lote 8, que aún está a cargo de esta empresa.
López cuenta que Pluspetrol Norte está convocando a estas reuniones para llegar a acuerdos sobre compromisos pendientes. «También nos ha informado que existe un fideicomiso pero no indica cuál es el monto del mismo», comentó el líder indígena.
¿Qué pasará con los lotes de petróleo de Pluspetrol?
La disputa entre el Estado peruano y la empresa lleva varios años, pero es la primera vez que Pluspetrol anuncia que ejecutará la liquidación de la compañía que opera en la Amazonía norte de Perú.
Según evaluaciones del gobierno peruano, a Pluspetrol Norte le corresponde la remediación de por lo menos 1500 sitios impactados por derrames de petróleo en la Amazonía.
«En caso de que Pluspetrol se niegue a adoptar acciones para remediar los sitios impactados por actividades de hidrocarburos en dichos lotes, corresponderá ejecutar las garantías establecidas, imponer las multas que correspondan y requerir al operador que cumpla con la reparación económica que corresponda», señaló el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tras ser consultado por el camino que adoptará el Estado peruano ante la negativa de la empresa de ejecutar la remediación del daño ambiental.
Miguel Lévano, especialista en Industrias Extractivas en Oxfam y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), explica que el gobierno peruano ha rechazado los planes de abandono del Lote 192 —plan de cierre para regresar el territorio a su estado original— presentados por la empresa hasta en tres oportunidades, porque en ninguno asume la reparación de todos los sitios impactados.
«Su argumento [de Pluspetrol] es que ellos han operado solo 15 años y los 30 años anteriores de operaciones en este lote corresponde a OXY. Sin embargo, la transferencia se hizo mediante un acuerdo privado entre ambas empresas, incluso con fondos para hacer las remediaciones. Por tanto, no puede negarse a realizar las reparaciones y el Estado peruano no debe permitir su liquidación», asegura Lévano.
En un comunicado conjunto emitido el 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) explicaron que le corresponde a Pluspetrol Norte S.A. asumir las obligaciones de OXY, compañía que le cedió los lotes petroleros mencionados.
«Como consecuencia de dicha cesión de posición contractual, Pluspetrol Norte S.A. asume los derechos y obligaciones del cedente [OXY]; y, por tanto, asume la responsabilidad ambiental a partir de la suscripción de dichos contratos y no desde el año 2000», explica el comunicado.
En el informe La sombra del Petróleo elaborado por CNDH y Oxfam, sobre los derrames petroleros ocurridos en la Amazonía peruana entre 2000 y 2019 se indica que Pluspetrol es responsable de la remediación de por lo menos 2000 sitios contaminados por la actividad petrolera, ubicados en los lotes 8 y 192.
Hasta ahora, el Estado había priorizado la reparación de 32 sitios en el Lote 192 por un costo de 656 millones de soles (188 millones de dólares), según cálculos del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam). En el Lote 8 se han priorizado 11 lugares afectados por los derrames de petróleo.
Para atender estos daños ambientales, el Estado peruano creó un Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, que tiene por objetivo financiar lugares impactados por actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente.
Según el Minem, a través de este fondo, el Estado peruano transfirió 301 millones de soles (83 millones de dólares) a Profonanpe para el desarrollo de acciones de remediación ambiental en la zona. «Se vienen elaborando los estudios técnicos que aseguren una adecuada intervención para las afectaciones ambientales existentes», indicó el Minem.
«Hasta ahora no se comienza la reparación de los 32 sitios en el Lote 192 y tampoco se ha concretado la licitación para los lugares priorizados en el Lote 8. No hay estudios ni consulta previa», reclama el líder indígena Alfonso López.
El abogado Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), señala que la legislación peruana permite que cualquier empresa decida, en junta de socios, liquidar la compañía.
Carhuatocto explica que en los casos en que una empresa decide su liquidación, los acreedores pueden iniciar un procedimiento administrativo a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que la compañía asuma sus compromisos pendientes.
«OEFA, que ha multado a Pluspetrol en varias oportunidades por muchos millones de soles, puede llevar a la empresa ante Indecopi», explica Carhuatocto. «Se puede solicitar la liquidación del costo del plan de abandono que no han cumplido y de los pasivos que puedan existir. Es posible decirle a Pluspetrol: ‘esto es lo que debes’», comenta Carhuatocto con relación a las opciones que tendría el Estado peruano ante Indecopi.
El presidente de IDLADS menciona que otra alternativa sería recurrir a la empresa matriz de Pluspetrol Norte, como se hizo en el caso de Choropampa, en Cajamarca, cuando el Estado peruano acudió a la sede principal en Estados Unidos.
Carhuatocto menciona que las normas jurídicas de Perú no especifican qué se puede hacer en estos casos. «Es un vacío del que se aprovechan las transnacionales, pues estas empresas tienen las mismas reglas de juego que cualquier otra compañía local. Es uno de los grandes pendientes del Perú y, al parecer, no hay voluntad política de regular a estos grupos económicos», explica.
«Es un jalón de orejas al Legislativo y al Ejecutivo puesto que debería haber una norma específica para el caso de las deudas ambientales», dice el abogado Carhuatocto, quien considera que Perú debe celebrar convenios con aquellos países donde están las matrices de las empresas extractivas. «Es una oportunidad para darnos cuenta que el sistema no funciona y preguntarnos qué podemos hacer».
Un enfrentamiento de larga data
La controversia entre el Estado peruano y Pluspetrol no es reciente. La disputa sobre la remediación de los lugares impactados lleva por lo menos ocho años de procesos legales.
En el comunicado de hace un mes, Pluspetrol Norte aseguró que el fallo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) —entidad a la que recurrió la empresa en 2015 por la disputa sobre la remediación— le ha dado la razón y, por tanto, la empresa no tiene porqué asumir los pasivos.
«La ley peruana establece claramente el principio ‘el contaminador es el pagador’», señala para reforzar el argumento de que la solución de los daños ambientales ocasionados antes del año 2000 corresponde a la empresa OXY. Asimismo, cuestiona a OEFA por exigir que cumpla con la remediación de los lugares afectados por la actividad petrolera.
Por su parte, el Estado peruano ha respondido que el laudo arbitral en realidad indica que la empresa tiene la «obligación general de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes».
«Aunque la empresa tiene derecho de liquidar, el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. De no cumplirlos se puede iniciar un nuevo proceso judicial o ser elevado a otro arbitraje internacional que llevaría años», comenta Lévano.
El representante de la CNDH señala que la salida de la empresa tampoco puede sustentarse en una falta de capacidad económica para el cumplimiento de sus compromisos, puesto que se trata de una compañía que ha tenido la «mayor producción petrolera en Perú mientras estuvo a cargo del Lote 192».
En cuanto al Lote 8, la licitación aún está vigente, por tanto, su retiro significaría terminar su contrato antes de tiempo.
Lévano también recuerda que el problema entre el Estado peruano y Pluspetrol Norte tiene un componente de salud ambiental. «Estamos hablando de la Amazonía y se tiene que ser exigente en su protección. Igual es algo que se tiene que remediar, si no lo asume Pluspetrol Norte, lo tendrá que asumir el Estado», enfatiza.
Por su parte, el líder indígena Robles Pisco, jefe de la comunidad nativa La Petrolera, ubicada muy cerca del Lote 8, se refiere también al daño que han causado los derrames de petróleo en la salud de las personas que viven en las comunidades nativas.
«Los niños están contaminados desde que nacen. Existen muchos daños en la salud de las comunidades impactadas. Se ha demostrado que las personas que viven en las zonas afectadas por los derrames de petróleo tienen metales pesados en su organismo», señala Pisco.
En el año 2017 un estudio realizado por el Ministerio de Salud a personas que viven en los distritos aledaños al Lote 192 determinó que por lo menos la mitad de los evaluados presentaba en su organismo niveles de metales como plomo, arsénico, mercurio y cadmio por encima de lo permitido.
«Han pasado más de 50 años desde que se iniciaron las actividades petroleras en la Amazonía peruana y las empresas no están cumpliendo compromisos ambientales», lamenta Lévano.
