Es frecuente que, cuando acontece una tormenta, huracán, erupción volcánica o sismo, persista la inclinación a calificarlo como un «desastre natural«. No obstante, las fuerzas de la naturaleza solo constituyen una fracción de la ecuación del desastre y, en ciertas ocasiones, ni siquiera representan la fracción más relevante.
Los peligros inherentes a la naturaleza se transforman en desastres como consecuencia de un cúmulo de decisiones u omisiones tomadas durante los procesos de desarrollo. Estas decisiones abarcan la ocupación y el uso del suelo, las prioridades de inversión, así como los estándares y normativas que se eligen cumplir o, por el contrario, ignorar. El desastre natural, analizado desde esta perspectiva, es en realidad una construcción social, mucho más que un evento natural o físico.
La dimensión social del riesgo
Los desastres no son fenómenos puramente naturales; son la resultante de la interacción entre amenazas físicas (ya sean naturales o construidas por intervención humana, como las sociales, tecnológicas o bióticas) y las condiciones sociales, ambientales y económicas preexistentes. Esta visión es reconocida por el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Adoptar esta perspectiva obliga a un cambio de paradigma: debemos trascender el mero control o la anticipación de las amenazas para adoptar una gestión del riesgo entendida como un proceso social. Esta gestión debe estar integrada en el proceso de desarrollo sostenible, con el fin de anticipar, prevenir y disminuir las exposiciones y vulnerabilidades en un entorno de incertidumbre creciente.
Casos de estudio en la región
Dos casos emblemáticos en América Latina ayudan a explicar por qué el desarrollo humano resiliente exige esta transformación en la gestión del riesgo:
Choloma (Honduras): El auge de la industria de la maquila en el norte de Honduras multiplicó el empleo y los ingresos, pero lo hizo a expensas de una urbanización acelerada sobre riberas de ríos, humedales y zonas de drenaje, que fueron rellenadas con residuos. Se irrespetaron numerosas ordenanzas vigentes, y la capacidad municipal para proveer servicios y mantener los cauces fue rebasada por el ritmo de la inversión. Cuando las lluvias intensas de los huracanes María e Irma llegaron en 2017, la ciudad no experimentó una «sorpresa climática«, sino que cosechó las consecuencias de décadas de decisiones que normalizaron la exposición al riesgo y profundizaron la vulnerabilidad.
Volcán de Fuego (Guatemala): La erupción de junio de 2018 ofrece un reflejo de la distribución desigual de la protección. La aldea de San Miguel Los Lotes, habitada por familias de bajos recursos socioeconómicos, fue devastada y dejó centenares de víctimas. A pocos kilómetros, un complejo turístico —equipado con protocolos de contingencia, simulacros, seguros y coordinación con autoridades— evacuó a tiempo y evitó pérdidas humanas, aunque sufrió severos daños de infraestructura. Ante un mismo peligro, los resultados fueron opuestos.
Detrás de esta divergencia se manifiestan cuatro factores: capacidades institucionales y comunitarias dispares, una circulación de información diferenciada, diferencias en la zonificación del uso del suelo y una confianza desigual en las instituciones, lo que ralentiza la eficacia de los sistemas de alerta.
Resiliencia: del eslogan al criterio de desarrollo
Si el riesgo es una construcción social, la resiliencia no puede limitarse a ser un elemento discursivo o un «componente» que se añade al final de los proyectos. Debe operar como un criterio de desarrollo desde el inicio.
Esto significa que la planificación, financiación y ejecución de políticas públicas, obras y programas deben incorporar filtros de riesgo, análisis de multi-amenaza y adaptación al cambio climático desde la fase de diseño. La pregunta clave no es solo cómo responder mejor al próximo desastre natural, sino cómo dejar de fabricarlo.
La experiencia acumulada desde la investigación forense del riesgo indica que, para lograr este objetivo, es necesario actuar de manera prioritaria en cuatro frentes de cambio:
El Suelo: Zonas como riberas, áreas de recarga hídrica, laderas inestables y frentes costeros críticos no pueden ser considerados «suelo disponible«. Es imperativo evitar que la presión inmobiliaria empuje a los hogares más vulnerables hacia las áreas más peligrosas.
El Ambiente como Política de Reducción del Riesgo: La degradación de cuencas, la destrucción de manglares y la pérdida de cobertura vegetal son acciones que convierten una lluvia intensa en una inundación o una ladera empinada en un deslizamiento. La restauración ecológica, el control de la extracción de áridos y rellenos, y la gestión de residuos no son elementos decorativos «verdes«; son piezas fundamentales de un sistema de seguridad colectiva.
La Protección Social como Amortiguador: Disminuir la pobreza y la desigualdad, que son motores del riesgo cotidiano, es en sí mismo una acción de reducción de riesgo de desastres naturales. Viviendas seguras, acceso a agua y saneamiento, ingresos estables, seguros inclusivos y servicios públicos robustos son los factores que marcan la diferencia entre un susto y una tragedia.
El Presupuesto: La mayor parte de los recursos asociados al riesgo se destinan a alertar, responder y reconstruir. Es indispensable invertir esa lógica: transitar de lo compensatorio-reactivo a lo prospectivo-sostenible. Esto implica incorporar filtros de riesgo y clima en los bancos de proyectos, blindar los presupuestos preventivos, alinear incentivos fiscales para que los municipios que evitan crear nuevo riesgo reciban prioridad de financiamiento, y desincentivar la corrupción en los procesos de ocupación del territorio. No se trata de gastar más, sino de gastar distinto.
Todos estos elementos fueron destacados en el documento de trabajo del Informe Regional 2025, «Redefiniendo la resiliencia socio-natural en el marco del desarrollo humano: desastres, riesgo y resiliencia en América Latina y el Caribe», que sirvió de base para los hallazgos generales del reporte.
Mirar el espejo y actuar ante el desatre natural
Más del 80% de la población de la región habita en ciudades, y el crecimiento más acelerado se proyecta en las ciudades pequeñas e intermedias, precisamente aquellas donde las capacidades técnicas y fiscales son más limitadas. Si la inercia prevalece, se consolidarán territorios cuya corrección será extremadamente costosa y cuyo daño será extremadamente barato.
La ventana de oportunidad reside en las acciones cotidianas: cumplir las normas, mantener los drenajes, organizar los barrios junto a las instituciones y premiar presupuestariamente la prevención y las alertas tempranas que cuenten con participación comunitaria.
Choloma y Los Lotes no son anomalías; son advertencias. El primer caso recuerda que el empleo y la demanda de crecimiento a corto plazo, cuando carecen de salvaguardas territoriales, producen riesgo como subproducto. El segundo evidencia que, ante el mismo volcán, es la desigualdad de capacidades —y el contexto social que la define— lo que determina quién se salva.
Si el desastre natural es un espejo, lo que nos devuelve no es la imagen de un clima caprichoso, sino la de un modelo de desarrollo que tolera la informalidad como válvula de escape, celebra inversiones sin controles y reserva la protección para quienes pueden pagarla. Cambiar esa imagen requiere coherencia, continuidad en el tiempo y una regla sencilla para orientar las políticas públicas y privadas, inspirada en el Juramento Hipocrático: «primero, no fabricar riesgo«.
Responder, reconstruir y recuperar más rápido y mejor seguirá siendo imprescindible. Pero estas acciones serán más eficientes y equitativas solo si el desarrollo incorpora el análisis del riesgo desde el principio. La investigación forense del riesgo ofrece el puente entre el diagnóstico y el cambio institucional, y es uno de los instrumentos que pueden promover un desarrollo humano resiliente.
Por Allan Lavell y Rodrigo Barraza/ Latinoamérica21
