El secretario del área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Instituto de Derecho de Política Ambiental del Colegio de Abogados, Matías De Bueno, ha solicitado la creación de una Justicia ambiental para adecuar la legislación vigente en casos de impacto como el de Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), una empresa del cordón industrial que sigue contaminando el ambiente pese a estar cerrada.
De Bueno instó al Estado a comprometerse y buscar inversores privados para llevar a cabo las inversiones necesarias para realizar los controles ambientales adecuados.
Situación Actual de Petroquímica Bermúdez
Desde el cierre de la industria petroquímica en 2013, nunca se realizaron tareas de remediación del daño ambiental causado por el vertido de cloro en gran parte del predio.
El sitio aún presenta un pasivo ambiental con restos de mercurio, asbesto y otras sustancias químicas tóxicas, con un fuerte potencial de daño a la salud y al ambiente.
Hubo un fallo de primera instancia de la Justicia de San Lorenzo que indicaba la contaminación del aire y el agua y ordenaba el cese de emisiones de un gas particular. Sin embargo, este fallo fue apelado y solo una década después se solicitó generar los controles pertinentes.
Necesidad de una Justicia Ambiental
“En estos casos, se busca un equilibrio entre proteger las fuentes laborales y aplicar el desarrollo sostenible de triple impacto: económico, social y ambiental. Sin embargo, ese equilibrio a menudo se inclina hacia lo económico, lo cual es complicado de sobrellevar en este país”, planteó De Bueno en declaraciones al programa “Una tarde perfecta”, de LT8.
De Bueno argumentó: “En esta cuestión se ve claramente cuánto hace falta una Justicia ambiental en la provincia. No se puede esperar 20 años para decir que hay que controlar. Desde 2013 debió otorgarse una reparación del daño a la comunidad y aplicar un fondo de recomposición ambiental“.
También comentó que hace muchos años la empresa había comenzado a tomar medidas, incluyendo una inversión de 100 millones de dólares para cambiar la tecnología.
Falta de Controles Adecuados
De Bueno señaló que “siempre nos quedamos cortos en controles adecuados y en la aplicación correcta de la normativa de calidad de aire, que está desactualizada y no refleja las necesidades actuales para tener una calidad de aire adecuada como lo exige la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Consideró que es crucial no paralizar las actividades, pero subrayó la importancia de evaluar los peligros capaces de provocar daños de alto impacto.
“Si un juzgado tiene que evaluar, debe remitirse a la normativa para establecer los niveles guía y controles. ¿Quién se encargará de ellos? ¿Una empresa privada? ¿Una universidad? La empresa debe entregar un plan de gestión y debe haber un organismo que monitoree esos controles”, planteó De Bueno.
Reclamaciones y Propuestas
De Bueno destacó la necesidad de que haya organismos que garanticen la seguridad de los informes dentro del marco del Derecho ambiental y subrayó la importancia de contar con presupuestos adecuados, que en el caso del Estado suelen ser escasos.
“Es necesario ajustar la legislación ambiental para incorporar la cláusula ambiental; exigir al Poder Ejecutivo la aplicación de la mayor cantidad de controles posibles y buscar financiamiento del sector privado para cumplir la norma, ya que no se puede cargar solo a quienes ofrecen fuentes laborales con esta responsabilidad. Además, es fundamental la creación de un fuero ambiental con juzgados y fiscales ambientales, y un organismo científico para la generación de pruebas”, concluyó.
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