La Justicia Federal argentina dio un nuevo paso en la causa contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA, vinculada al proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú.
El juez Hernán S. Viri ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remitir estudios y monitoreos sobre la calidad del agua en el tramo comprendido entre Termas de San José y Concepción del Uruguay.
La medida responde a una acción judicial preventiva presentada por los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes sostienen que deben respetarse los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay para proyectos binacionales.
Rol de la perito y documentación requerida
La perito bióloga designada en el expediente solicitó acceder a información científica actualizada para elaborar un informe técnico. El exhorto a la CARU busca fortalecer el análisis del expediente ante las advertencias sobre posibles impactos ambientales derivados de la planta.
Michel celebró la decisión y afirmó que “la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado del Río Uruguay”, destacando que la causa permite discutir el tema desde una perspectiva técnica y jurídica, más allá de la confrontación política.
Reacciones y tensiones bilaterales
El proyecto ha generado cruces diplomáticos entre autoridades argentinas y uruguayas. Desde Uruguay aseguran que la iniciativa cumplirá con todas las exigencias ambientales y remarcan que existe un diálogo permanente con Argentina para despejar dudas.
Mientras tanto, HIF Global continúa negociando con el gobierno uruguayo los últimos detalles de la inversión. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, informó que la empresa tendrá plazo hasta diciembre para definir si concreta el proyecto en Paysandú.
Posibles alternativas
Cardona recordó que la iniciativa comenzó en 2022 y que, tras el cambio de administración en Uruguay, se abrió una nueva etapa de conversaciones.
Entre las alternativas figura la utilización de infraestructura existente de Ancap en Paysandú, lo que implicaría una relocalización parcial de la planta. Esta opción ya fue presentada a las autoridades argentinas en reuniones bilaterales recientes.
Implicaciones regionales
El caso refleja la complejidad de los proyectos energéticos binacionales:
- Impacto ambiental: necesidad de estudios rigurosos sobre el uso del agua y la biodiversidad del río Uruguay.
- Marco jurídico: aplicación del tratado como herramienta de resolución de conflictos.
- Relaciones diplomáticas: tensiones y negociaciones entre ambos países.
- Transición energética: el proyecto se enmarca en la estrategia regional de descarbonización y producción de energías limpias.
El avance judicial en Argentina marca un revés para Uruguay, que deberá responder con información técnica a través de la CARU.
La decisión pone de relieve que la transición hacia el hidrógeno verde no solo implica innovación tecnológica y grandes inversiones, sino también procesos legales, diplomáticos y ambientales complejos.
El desenlace dependerá de la capacidad de ambos países para articular cooperación y garantizar que el desarrollo energético se realice dentro de los marcos de sostenibilidad y respeto al derecho internacional.
