La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un proyecto para declarar la nulidad absoluta de las operaciones inmobiliarias que permitieron que más de 14 mil hectáreas en la cordillera rionegrina quedaran bajo estructuras vinculadas al Estado de Emiratos Árabes Unidos.
El área cuestionada se ubica en las nacientes del Río Chubut, una región estratégica por su valor ambiental, hídrico y geopolítico. La iniciativa solicita que la Fiscalía de Estado avance judicialmente para recuperar los territorios y dejar sin efecto los actos administrativos que habilitaron la transferencia.
Contexto y visita presidencial
El tema recobró notoriedad tras la llegada a Bariloche, el 24 de febrero, del presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en un operativo de seguridad excepcional.
Uno de los helicópteros de su comitiva se dirigió hacia la estancia Las Marías, cercana a las tierras cuestionadas, reforzando las sospechas sobre el vínculo directo con propiedades en la Patagonia.
Origen de la operación
La existencia de estas maniobras salió a la luz durante un juicio por usurpación contra la mujer mapuche Soledad Cayunao, finalmente absuelta. En ese proceso se reveló que las tierras habrían sido adquiridas mediante una operación de dos millones de dólares financiados por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
El vendedor fue el empresario energético Marcos Marcelo Mindlin, socio del magnate británico Joe Lewis, dueño de otras 12 mil hectáreas en la zona. Las operaciones se realizaron a través de fideicomisos y triangulaciones financieras, lo que generó fuertes cuestionamientos por encubrir el control extranjero.
Argumentos legislativos
Odarda advirtió que la transferencia implica una grave afectación territorial y contradice principios de la Constitución provincial. Señaló que “se reconfiguraron los límites de Río Negro” y denunció procesos silenciosos de extranjerización que concentran grandes extensiones en manos extranjeras.
El proyecto vincula estas operaciones con las modificaciones impulsadas en 2016 por el decreto 820/2016 del gobierno de Mauricio Macri, que flexibilizó controles de la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales, facilitando la compra de tierras estratégicas por extranjeros.
Valor ambiental y geopolítico
Las tierras se encuentran en Cerro Carreras, un área sensible por la presencia de nacientes de agua y ecosistemas cordilleranos de gran importancia. Especialistas alertan desde hace años sobre el avance de capitales extranjeros sobre territorios patagónicos vinculados a reservas de agua dulce, bosques, lagos y zonas de frontera.
La iniciativa retoma informes de la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales de Río Negro, que detectó irregularidades, ventas a precios irrisorios y maniobras especulativas sobre tierras fiscales.
Acciones solicitadas
El proyecto instruye a la Fiscalía de Estado a:
- Recuperar las hectáreas transferidas.
- Revisar la legalidad completa de las operaciones.
- Declarar la nulidad de los actos administrativos que permitieron el control extranjero.
Debate abierto en la Patagonia
Para sectores ambientalistas y organizaciones territoriales, el caso vuelve a poner en primer plano la disputa por la tierra, el acceso al agua y el avance de intereses extranjeros sobre regiones estratégicas para el futuro ambiental y geopolítico de Argentina.
La controversia por las 14 mil hectáreas en Río Negro refleja un conflicto estructural sobre la extranjerización de tierras en la Patagonia. La iniciativa legislativa busca frenar operaciones que comprometen recursos hídricos y ecosistemas clave, reabriendo un debate que combina soberanía territorial, protección ambiental y transparencia institucional.
