A 12,5 km de la localidad de El Chaltén un loteo irregular tomó visibilidad gracias a la participación ciudadana. Lo que empezó como un rumor, llegó a altas instituciones de la provincia de Santa Cruz, quienes investigan un posible delito ambiental.
Sin embargo, existen más aristas que no terminan de conocerse. Silencios y puertas giratorias entre lo público y lo privado juegan en contra a la hora de administrar las tierras del Valle del Río de las Vueltas.
“Cuando me llega la noticia yo me indigno pero pensando que estaban todos los papeles en regla. Pensaba que la planificación era cualquier cosa, pero si cumplía las reglas, ¿Qué le íbamos a hacer?”, dijo Ana Fernández Borsot, abogada y coordinadora del Observatorio del Derecho a la Ciudad de la Patagonia, en relación a la venta irregular de lotes en El Chaltén, municipio ubicado al oeste de la provincia de Santa Cruz.
Por su parte, Ricardo Sánchez, concejal de El Chaltén, contó que luego de enterarse, se entrevistó con Oscar Bellini, dueño de la inmobiliaria que estaba ofreciendo los lotes vendidos por Hostería Patagónica El Chaltén S.A. “Empecé a ver cosas que a mí no me cerraban, entre lo que me decían los posibles compradores y lo que me decía Bellini. Investigando un poco más, me doy cuenta que existe una ley que regula estos loteos fuera del ejido municipal, y que no se estaba cumpliendo”, dijo.
Las parcelas, propiedad de Hostería Patagonia El Chaltén S.A., están ubicadas en el Valle del Río de las Vueltas y conforman un total de 15 hectáreas. Estas tierras se encuentran en las afueras de la Reserva Provincial Lago del Desierto y su administración está protegida y reglamentada por una serie de leyes provinciales.
Cuando la información sobre este loteo irregular escaló y llegó a la Secretaría de Obras, el ente público no tenía conocimiento del tema. “Ahí se me dispara la alarma, porque entonces no solo es un delirio, sino que es ilegal”, dijo Borsot. Por medio de pedidos de información del mismo Observatorio y del Concejo Deliberante, esto culminó ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, que creó un sumario administrativo y activó una inspección al lugar.
Según la Ley N° 3.213 de urbanización de tierras en Santa Cruz, “los interesados en llevar adelante proyectos de loteos (…) deberán tramitar ante la Subsecretaría de Planeamiento de la Provincia la correspondiente autorización”, quien conformará una comisión ad hoc para el estudio del proyecto. Además, para tramitar la habilitación se deberá contar con un estudio de impacto ambiental previo, enmarcado dentro de la Ley N° 2.658.
La información a la que accedieron las personas entrevistadas es que ni el proyecto fue presentado ni el estudio de impacto ambiental fue elaborado, lo que es corroborado por el sumario administrativo que se creó desde la Secretaría de Ambiente.
“Ninguno de estos mecanismos de evaluación han sido articulados por los proponentes de la actividad”, se estableció en el sumario. El loteo “se ha llevado a cabo sin tramitar ante esta Secretaría de Estado de Ambiente, la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental, único documento que habilitaría el proyecto en los términos previstos por la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental N° 2.658”.
Cuando la inspección llegó al lugar se encontró con que ya se habían abierto caminos que dividían los lotes y hasta se identificó que se había avanzado con la construcción de una vivienda de tipo unifamiliar en una de las parcelas del loteo. “Estaban diciendo que se vendía (el terreno) en régimen de condominio pero circulaba un reglamento de uso interno que hablaba de que los condominios acordaban que iban a poder hacer hoteles o casas individuales”, explicó Borsot.
En esta instancia es en donde empiezan a verse otras aristas más allá del posible delito ambiental porque, comentó Sánchez, “hubo acciones por parte del vendedor que lo comprometen, como la traza de caminos internos. Ellos lo difundían como la venta de un lote indivisible pero en el momento en que se abren caminos internos para que las personas puedan ver el lote, ahí está habiendo un engaño”.
Quedó establecido en el sumario que “pudo constatarse la existencia de una red de caminos los cuales se proyectan sobre la superficie que presuntamente será subdividida abriéndose paso sobre un denso bosque nativo de ñire”.
Además se observó que los caminos fueron construidos con material foráneo, que por sus características, se presume que fue extraído del lecho de algún río cercano.
“En tales sitios se observó vegetación muerta, árboles dañados y otros indicios del accionar de la maquinaria utilizada para el desmonte”.
Concluyó determinando que “su trazado se proyectó indiscriminadamente sobre sectores de elevada sensibilidad ambiental como lo son áreas de mallín y líneas activas de drenaje. Ello sin considerar el impacto provocado indirectamente sobre la fauna que habita el lugar, con todas las implicancias sobre el equilibrio ecológico que eso conlleva”.
“Son humedales y bosques; y el tamaño de esos lotes llevaría a la extinción del lugar. Tendrían que ser lotes bastantes más grandes para poder mantener el cuidado”, agregó Sánchez. El daño ambiental es grave y se espera un dictamen que constate o no el delito, en los términos previstos por la normativa vigente.
Sin embargo, existe algo más. “No estamos acostumbrados a esto en estas dimensiones pero son patrones que se repiten y se repiten”, nos dijo quien de ahora en adelante será “Ángeles”, ya que prefirió no revelar su identidad ni profesión porque “es un lugar chico, nos conocemos todos”.
El vínculo entre la empresa vendedora, Hostería Patagónica El Chaltén S.A., y la inmobiliaria Bellini es más compleja de lo que parece.
“Según las normas del Código Civil y Comercial respecto del corretaje, un propietario no puede tener ningún tipo de vínculo de dependencia o representación con ninguna de las dos partes (comprador e inmobiliaria)”, explicó Borsot. La realidad parece no ajustarse a las normas.
El presidente de la empresa vendedora, Martín Murazábal, aportó un acta -que figura en el sumario administrativo- donde Oscar Bellini aparece como accionista de Hostería Patagónica El Chaltén.
“Hay una vulneración clara y un desconocimiento total de los requisitos para hacer el corretaje”, agregó Borsot. Esto fue comunicado al Departamento de Legales de Defensa del Consumidor de la provincia, Ministerio de Comercio, porque además “hay muchas inmobiliarias que se presentan como tal pero que no lo son legalmente sino que sólo tienen un nombre de fantasía y una simple habilitación comercial”.
Un dato no menor es que cuando se intenta acceder a la página web de la inmobiliaria Bellini, la misma fue redireccionada a otra distinta, con un aviso que expresaba que “Inmobiliaria Bellini es ahora Metro2 Patagonia”.
Ante esto Borsot expresó: “No me sorprende, porque yo vengo diciendo que estaban ejerciendo mal el corretaje. No me extrañaría que Inmobiliaria Bellini ni siquiera tuviera un corredor inmobiliario porque en ninguno de los contratos figuraba. Bellini no volvió al pueblo desde que pasó esto. Es muy probable que estén haciendo un intento de lavado del nombre para desvincularse, por lo que sigue implicando este caso”.
Sánchez aclaró que, desde su punto de vista, Bellini (Oscar), “estaba seguro de que se estaba haciendo todo como correspondía. No puedo hablar por él pero la impresión que me dio es que desde su lado había buena fe. Me parece que fue la familia la que no manejó del todo bien las cosas”.
Sin embargo, sumado al daño ambiental, al dudoso proceso inmobiliario y engañosa planificación interna, aparecen los silencios.
“El que parecería que no dio la información correcta es el Consejo Agrario Provincial. Entonces ahí lo enlazo con Bellini que en su momento ocupó cargos en el Consejo. Estas vinculaciones entre lo público y lo privado son oscuras”, sentenció Borsot.
Sánchez dijo, en la misma dirección, que “en el momento en que el Consejo Agrario ve que se están sacando áridos y se está ingresando a un lote camiones para hacer un relleno, tendría que haber ingresado, haber pedido autorizaciones y al no tenerlas, haber paralizado la obra. Eso no lo hizo”.
Ángeles coincide en que El Chaltén está acostumbrado “al manoseo constante del Consejo Agrario, que hace cosas corruptas todo el tiempo” y además, trae un poco de historia a esta cuestión: “Esto viene de antaño, de cuando se creó la Reserva. Ya se sabía que esto estaba proyectado. Todos calladitos pero ya se sabía”.
Lo que cuenta es que la creación de la Reserva Provincial Lago del Desierto en 2005, estuvo moldeada por una misma lógica que impera en la zona. Esta Reserva había sido pensada con ciertos límites, que la separaban del Parque Nacional Los Glaciares. A lo largo de la ruta 23, que es la que llega a Lago del Desierto, no había partes privadas. Sin embargo, antes de que se creara definitivamente, un lobby entre privados pausó su creación. Ese tiempo fue aprovechado para activar loteos a lo largo de esa ruta, como fue el caso de Cielos Patagónicos -administrador de la Reserva privada Los Huemules- y de la Estancia Bonanza. “Ellos piden quedar fuera de la reserva y se lo conceden”, cerro Ángeles.
Cuando se vuelve a crear el área protegida, los límites quedaron cambiados de manera caprichosa. Los actuales loteos son posibles en esa zona porque dejaron de formar parte del área protegida, lo que no quita que deban cumplir las normas y pedir las autorizaciones correspondientes. Es claro como este caso particular se inserta dentro de un contexto más amplio. Tal vez, lo que le dio más visibilidad a lo que está sucediendo, es el obvio e indiscriminado daño ambiental. Borsot dice que por esto es importante la participación ciudadana, “porque está instalada la ley del silencio y hay una inercia de que si pasa, pasa”.
“Estos temas siempre tienen muchas más aristas de las que de verdad se destapan. Hay siempre algo más que no se sabe. Y es algo sistémico que ocurre en la provincia. De repente parece que uno se mete en ciertos temas, pensás que estás entendiendo todo, pero hay otras capas de información que nunca se destapan. Y en este caso, está pasando eso”, concluyó Ángeles.
