La organización ecologista Greenpeace documentó por tierra, por aire y mediante imágenes satelitales la deforestación en la provincia de Santiago del Estero y detectó la pérdida de más de 9.000 hectáreas de bosques en lo que va del año.
Comunidades indígenas y campesinas denuncian que continúan los desmontes y el avance sobre sus territorios por parte de empresarios, como Orlando Canido, dueño de las gaseosas Manaos.
“Recorrimos la provincia y tristemente pudimos comprobar que siguen los desmontes y los desalojos. Cuando hablamos de deforestación, no sólo hablamos de pérdida de biodiversidad, sino también de la destrucción del hogar y sustento de los campesinos e indígenas. Es muy grave que la violencia sobre sus territorios continúe. El gobierno de Santiago del Estero no puede seguir siendo cómplice de este crimen” advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) alertó que topadoras están desmontando en territorio de la Comunidad Indígena Vilela Tako Sinchi, en la zona de Stayle, cerca de Las Tinajas, departamento Moreno.
También denunciaron que el empresario Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas gaseosas Manaos, intenta desalojar familias campesinas de Árbol Blanco Sur, departamento Alberdi.
Según datos oficiales, Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
Por su parte, el monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que durante 2020, a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas. Mientras que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, en la provincia se deforestaron 9.126 hectáreas.
“Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse. La actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad nos obliga a actuar en consecuencia”, afirmó Cruz.
