Un informe de la organización Global Witness apuntó contra un destacado empresario argentino por su presunta participación en la deforestación de más de 170.000 hectáreas en Sudamérica.
Se trata de Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y principal accionista de Cresud.
Los bosques nativos afectados están en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
Grave acusación por deforestación: quién es el empresario apuntado
La investigación, basada en datos satelitales, indica que Cresud transformó vastas extensiones de tierras forestales en terrenos cultivables para luego venderlos a precios más altos.
Además, se menciona que el Banco Santander financió a Cresud a través de la compra de bonos, lo que ha generado controversia debido a los impactos ambientales y sociales asociados a estas actividades.
Uno de los casos más críticos señalados en el informe se encuentra en la provincia argentina de Salta, donde Cresud habría arrasado con más de 60.000 hectáreas en una sola propiedad: la Estancia Los Pozos.
Desde el área de Ambiente del gobierno salteño indicaron que los permisos para realizar desmontes fueron otorgados durante gestiones anteriores.
La deforestación masiva ha tenido consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales, incluyendo la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos hidrológicos y el desplazamiento de comunidades indígenas.
Organizaciones como Greenpeace denunciaron en múltiples oportunidades que estos desmontes ilegales contribuyen al cambio climático y a la desaparición de especies en peligro de extinción.
“El modelo de negocio es claro: compran tierras con bosque, las desmontan, las utilizan para soja, trigo, girasol o ganado, y cuando aumentan de valor, las venden”, explicó Charlie Hammans, autor del informe.
Los reclamos a las autoridades
Ante esta situación, activistas y comunidades afectadas exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades para frenar la deforestación ilegal y proteger los bosques nativos.
Además, se solicita una revisión de las políticas de financiamiento por parte de instituciones, para garantizar que no se estén respaldando actividades que atenten contra el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
La denuncia de Global Witness puso en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción frente a la deforestación ilegal, así como de promover modelos de desarrollo sostenible que respeten los derechos humanos y la biodiversidad.
