El intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, declaró la emergencia ambiental y sanitaria durante 180 días para afrontar los problemas que ocasiona la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande, en las márgenes del río Suquía, que atraviesa la capital provincial.
El decreto, que fue firmado el 5 de agosto pasado aunque fue conocido ayer, ‘permitirá agilizar‘ todo lo relacionado con ‘la reparación a fondo de la planta de Bajo Grande‘, según explicó a la prensa el secretario de Infraestructura municipal, Héctor Di Forte.
De acuerdo con el funcionario, dentro de los próximos seis meses ‘se desarrollarán los trabajos que permitirán‘ una reparación profunda de la planta de Bajo Grande, cuyo nombre oficial es Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) y se ubica en la zona conocida como Chacra de la Merced, en el este de la capital.
En julio pasado y a raíz de una demanda impulsada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, el juez en lo Civil y Comercial, Federico Ossola, había ordenado al municipio que adoptara medidas para combatir los efectos que produce en el río Suquía la planta.
El magistrado ordenó que se tomaran medidas de control para que no se ingrese al río y para que los pobladores no lo usen de esparcimiento o para que animales tomen agua, al tiempo que ordenó el establecimiento de ‘un cordón sanitario‘, porque hay mucha ‘gente viviendo en las márgenes del río Suquía‘.
Además del cordón sanitario, el juez dispuso que la provincia y el municipio implementen un programa para resguardar la salud de los pobladores que viven en las márgenes del Suquía a lo largo de un radio de 12 kilómetros.
Desde el Centro de Derechos Humanos y Ambiente advirtieron que las medidas que adoptó el juez Ossola debieron ponerse en marcha en el transcurso de 2011, ‘en el marco de un plan de mitigación que, entonces, habían prometido las autoridades provinciales y municipales‘.
