Los diputados franceses han aprobado en la Asamblea que establecer una duración determinada de un producto por un fabricante, la denominada obsolescencia planeada, se puede castigar penalmente, acarreando una pena de prisión de dos años y una multa de hasta 300.000 euros que se añadiría a otras ya integradas en la Ley de Consumo.
La introducción del castigo penal en una práctica de la cual se abusa en muchos procesos productivos, la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos, bombillas, etcétera, se debe a una enmienda de los Verdes en el proyecto de ley de la transición energética, que considera la obsolescencia realizada premeditadamente un engaño y un fraude. Los Verdes son el grupo político que más ha combatido esta práctica por considerarla muy dañina para el medioambiente y la sostenibilidad.
La posición francesa trae el debate a toda la Unión Europea. El próximo 17 de octubre, el Comité Social y Económico Europeo (EESC, por sus siglas en inglés) organiza una mesa redonda sobre la obsolescencia planificada de la que se espera surja la presión necesaria sobre la Comisión Europea para que se castigue esta práctica. El EESC ya hizo una llamada a la prohibición total en un pleno en octubre del año pasado.
El pasado mes de junio, tras una reunión organizada por la Comisión Consultiva de Transformaciones Industriales , que preside el español Carlos Trias Pinto, y que se encuadra en el citado Comité, se promulgó la Declaración de Madrid, en la que se reclamaban fundamentos de sostenibilidad en todo el modelo productivo.
