El intento del gobierno nacional de modificar por decreto la Ley de Protección de Glaciares generó una ola de rechazo en todo el país. Casi 40 asambleas ambientales de distintas provincias denuncian que se trata de una medida regresiva, que pone en peligro la disponibilidad de agua en regiones clave.
La norma vigente, sancionada en 2010, protege a todos los glaciares y ambientes periglaciales, sin importar su tamaño ni su estado. También prohíbe expresamente las actividades mineras e hidrocarburíferas en estas zonas, por su valor ecológico y su rol como reservorios de agua dulce.
La propuesta oficial busca modificar este criterio y dejar sin protección a los glaciares de menos de una hectárea. Esto dejaría sin resguardo a miles de cuerpos de hielo en provincias cordilleranas como San Juan, La Rioja, Mendoza y Catamarca.
Los ambientalistas advierten que esta medida vulnera principios ambientales básicos y debilita una de las pocas leyes argentinas que prioriza la protección de bienes naturales estratégicos.
Los pequeños glaciares, una gran defensa natural
Desde las organizaciones socioambientales señalan que los glaciares, incluso los más pequeños, son fundamentales para mantener el caudal de los ríos durante las épocas secas. Su función como reservas hídricas resulta vital en regiones áridas donde la nieve escasea.
El sistema andino está compuesto por una red interdependiente de nieve, hielo y suelos congelados. Si una parte se destruye, se altera todo el equilibrio hídrico, con consecuencias para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y las economías regionales.
Las comunidades cordilleranas dependen de estos recursos para el riego, el consumo humano y la producción agrícola. Debilitar su protección sería poner en riesgo la seguridad hídrica de miles de personas.
Negocios extractivos vs. derecho al agua
El temor central de los colectivos ambientalistas es que esta flexibilización legal facilite el avance de la megaminería en zonas sensibles. Empresas ya señaladas por sus antecedentes contaminantes podrían expandirse sobre terrenos antes vedados.
Además, denuncian que el decreto presidencial contradice la Constitución, el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresión ambiental. También omite la consulta a las comunidades, un paso clave en toda modificación normativa con impacto ambiental.
Desde Tierra del Fuego hasta Salta, asambleas y organizaciones llaman a defender la ley y a rechazar cualquier intento de modificación que priorice intereses económicos por encima del derecho colectivo al agua y al ambiente sano. La defensa de los glaciares, insisten, es la defensa del futuro.
¿Por qué es importante protegerlos?
Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce que alimentan ríos, humedales y ecosistemas enteros, especialmente en regiones áridas o de alta montaña. Su deshielo gradual durante las estaciones secas permite mantener el caudal de los cursos de agua y abastecer a comunidades humanas, flora y fauna silvestre.
Además de su rol hídrico, los glaciares funcionan como reguladores climáticos naturales. Al reflejar la radiación solar, ayudan a enfriar la atmósfera y a mantener el equilibrio térmico del planeta. Su pérdida contribuye al calentamiento global y a fenómenos extremos como sequías e inundaciones.
Proteger los glaciares es también preservar la biodiversidad, la agricultura, el acceso al agua potable y la estabilidad de los suelos de montaña. Su conservación no solo es un deber ambiental, sino también una inversión en el bienestar y la resiliencia de las generaciones futuras.
