Este lunes comenzó el juicio por daño ambiental en Puerto Madryn contra dos responsables jerárquicos de la empresa pesquera Conarpesa. La investigación comenzó en 2020 y se los imputó por presunto daño ambiental.
El proceso, que es oral, está presidido por la jueza Patricia Reyes, y cuenta con la acusación del fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia de Delitos Ambientales. Los detalles del caso y cuál podría ser la condena.
Los imputados y el desarrollo del juicio
Según informó el Ministerio Público Fiscal, las personas acusadas son Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes.
Las audiencias estarán a cargo de la jueza Patricia Reyes, con la participación del fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia Especial de Delitos Ambientales.
La investigación comenzó en 2020, cuando se viralizó un video que mostraba un líquido rosado y de fuerte olor vertido directamente al mar desde el Parque Industrial Pesquero.
A partir de este material, el fiscal jefe ordenó una investigación de oficio que incluyó peritajes técnicos, inspecciones y análisis de laboratorio.
Los resultados de las pericias
Personal de Criminalística, del área de Medio Ambiente municipal y científicos del CENPAT-CONICET confirmaron la existencia de un bypass no autorizado en la planta de la empresa. Por ahí se habrían derivado líquidos sin el tratamiento correspondiente.
Los estudios detectaron niveles de contaminación muy superiores a los permitidos, con presencia de Escherichia coli en cantidades hasta 2000 veces por encima del límite legal.
El vertido se produjo directamente en el Golfo Nuevo, una zona de alto valor ambiental y turístico, que además alberga especies marinas protegidas y es parte del ecosistema costero que rodea a la ciudad de Puerto Madryn.
Un juicio que podría ser histórico
Este juicio constituye el primer proceso penal en Chubut contra directivos de una empresa por un presunto delito ambiental.
Desde la Fiscalía explicaron que se busca establecer la responsabilidad penal de los acusados, ya que el delito se configura cuando el vertido es potencialmente perjudicial para la salud humana y provoca contaminación ambiental.
Este proceso podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad empresarial frente a delitos ambientales en el país.
Se espera que las audiencias se desarrollen durante las próximas semanas, con la presentación de testigos, técnicos y funcionarios que participaron en la investigación.
