Avanza la deforestación en Salta y Greenpeace volvió a reclamar contra la provincia frente a la Corte Suprema de Justicia. La organización se presentó otra vez ante el máximo tribunal para cuestionar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En esta oportunidad, la asociación ambientalista incorporó como hecho nuevo la reglamentación de la polémica norma recientemente aprobada por el gobierno de Gustavo Sáenz.
Se trata de la segunda vez que Greenpeace impugna el nuevo ordenamiento salteño. En febrero de este año, cuando el Ejecutivo Provincial promulgó la ley, la organización ya había presentado cuestionamientos.
Ahora, tras conocerse la reglamentación de esta normativa, la ONG reforzó su postura denunciando lo que considera «un golpe devastador para los bosques«.
Principales cuestionamientos a la nueva normativa salteña
Según Greenpeace, la actualización del OTBN de Salta viola disposiciones de la Ley Nacional de Bosques 26.331.
En particular, se denuncia que el nuevo ordenamiento habilitaría desmontes en aproximadamente 720 mil hectáreas de zonas anteriormente protegidas.
Esta cifra es especialmente alarmante si se considera que es casi idéntica a toda la superficie deforestada en la provincia en los últimos 15 años (714.052 hectáreas), según datos oficiales.
Además, la normativa convalidaría desmontes ilegales ya ejecutados sin exigir tareas de restauración ambiental.
Deforestación en Salta: los primeros pasos que alarman
La amenaza no es solo una proyección a futuro, sino que el primer paso ya está en marcha. El gobierno de Sáenz ya convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes inmediatos en 30 fincas que suman 25.916 hectáreas.
«El gobierno de Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial. Lo hace en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad», afirmó al respecto poco meses atrás la coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Además, la activista remarcó un punto clave: «Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las provincias deberían ir en esa dirección».
Según la entidad, entre las empresas y empresarios beneficiados con permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico S.A., Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar, entre otros.
La categoría «amarillo oscuro»: flexibilización cuestionada
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de la categoría «amarillo oscuro«. Esta categoría permite la movilidad de zonas productivas condicionada por porcentajes de desmonte según cada cuenca hídrica.
Para Greenpeace, esta clasificación representa un «verde encubierto» que posibilita «deforestar donde hasta hoy no se puede».
La organización señala que estas categorías transitorias no están contempladas en la Ley 26.331. Esto implica una zonificación flexible sin determinar geográficamente dónde está permitido o prohibido deforestar con precisión.
La categoría amarilla abarca un total de 5.528.753 hectáreas donde el gobierno de Salta promueve el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), también denominado sistema silvopastoril. Esta metodología implica la cría de ganado bajo cobertura forestal.
Greenpeace advierte que este sistema funcionó históricamente como desmonte selectivo en provincias como Chaco y Santiago del Estero. Esto contraviene lo establecido por la Ley Nacional de Bosques.
La organización considera que estos antecedentes demuestran que la práctica derivará inevitablemente en deforestación progresiva.
Deforestación en el norte argentino: su impacto en la conservación del yaguareté
Además de los desmontes, la asociación también alerta sobre la fragmentación territorial que afectaría a grandes mamíferos amenazados, particularmente al yaguareté.
Es que el área afectada por la nueva normativa coincide en gran medida con la zona identificada por científicos como crítica para la conservación del yaguareté.
Greenpeace concluye que la deforestación, degradación y fragmentación del hábitat resultantes de la aplicación del nuevo OTBN pondrán en serio riesgo la supervivencia de esta especie emblemática.
Otro aspecto criticado es la falta de consulta previa a las comunidades originarias, proceso que debería haberse realizado según la legislación vigente.
Por eso, la nueva presentación de Greenpeace ante la Corte Suprema se enmarca en un amparo judicial destinado a proteger el hábitat del yaguareté, especie en peligro de extinción.
La causa involucra no solo a Salta, sino también a otres tres provincias del norte argentino: Santiago del Estero, Formosa y Chaco, las cuatro con mayor cantidad de desmontes en los últimos años.
