La minería en Mendoza sumó un nuevo capítulo este miércoles, con señales contradictorias que encienden alertas ambientales.
Es que, anteayer, la Cámara de Diputados mendocina aprobó el proyecto minero San Jorge a 37 km de Uspallata.
Este sería el primero con posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la provincia.
En contraste, y como forma de mitigar el esperado impacto ambiental de San Jorge, la Cámara Baja provincial también creó un Fondo de Compensación para restaurar daños ecológicos.
La paradoja expone el dilema provincial: impulsar extracción a cielo abierto con beneficios fiscales y, simultáneamente, preparar herramientas de reparación ante posibles impactos.
Además, esta contradicción se profundiza con la cercanía del proyecto al Río Mendoza, principal fuente de agua potable y riego de la provincia.
En la población, la minería en Mendoza genera preocupación por el uso de recursos hídricos en una zona árida, pese a que el gobierno insiste en que los controles ambientales son de «máxima exigencia».
Por ello, cientos de mendocinos reclamaron ante los legisladores mientras se votaba el proyecto.
Los contradictorios proyectos aprobados en la Cámara de Diputados
La votación del llamado PSJ (Proyecto San Jorge) de Cobre Mendocino obtuvo 32 votos a favor y 13 en contra en la Cámara de Diputados provincial.
Tras la aprobación, el gobernador Alfredo Cornejo festejó la decisión: «La media sanción de PSJ Cobre Mendocino nos acerca a producir el cobre que exige la transición energética, a ampliar nuestra matriz productiva y a generar más empleo y crecimiento para Mendoza».
En contraste, el Interbloque PJ, el Partido Verde y diputados de LUM rechazaron la iniciativa, advirtiendo sobre riesgos ambientales y falta de información completa.
Según el comunicado oficial de la Cámara, San Jorge «representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera».
Sin embargo, minutos antes de su aprobación, los legisladores también le dieron luz verde a un nuevo Fondo de Compensación Ambiental.
Con 39 votos afirmativos y 6 negativos, este buscará compensar los daños ambientales de las actividades extractivas.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, impulsó el proyecto enmarcado en el artículo 34 de la Ley General del Ambiente 25.675.
El proyecto de San Jorge ahora pasará al Senado provincial, donde se definirá su aprobación definitiva: de obtener luz verde, se pondrá en marcha.
Los detalles del fondo «verde» de Mendoza
El fondo permitirá financiar acciones cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados.
También atenderá emergencias ambientales y ejecutará obras de recomposición ecológica en zonas afectadas.
Los recursos provendrán de múltiples fuentes:
- Multas, tasas y tributos vinculados a normativa ambiental provincial
- Indemnizaciones judiciales por daños ambientales
- Aportes exigidos en declaraciones de impacto ambiental
- Subsidios, donaciones y créditos internacionales
- Rentas generadas por inversiones del propio Fondo
Así, la minería en Mendoza ahora contará con esta herramienta para actuar frente a daños colectivos y restaurar ecosistemas afectados.
Cómo será el proyecto minero de San Jorge en Mendoza
El proyecto se ubica a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, sobre una superficie de 9.984 hectáreas.
Requiere una inversión de US$559 millones y contempla la producción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino durante 16 años, extensibles a 27.
La minería a cielo abierto extraerá desde 100 metros de profundidad. El proceso de flotación, sin uso de ácido sulfúrico, producirá concentrado con 25% de cobre.
Se estima que la construcción demandará entre 18 y 24 meses, con operaciones estimadas para 2028.
El empleo proyectado alcanzaría los 3900 puestos durante la construcción y 2400 en operación, de los cuales 800 serán directos y 1600 indirectos.
San Jorge representa el primer proyecto minero de Mendoza que puede ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La Cámara de Diputados destacó que la evaluación contó con «16 organismos que emitieron sus dictámenes sectoriales» y la participación de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo.
El proyecto también incluyó una Declaración de Impacto Ambiental, con controles estructurados sobre cinco ejes:
- agua;
- biodiversidad;
- patrimonio cultural y Qhapaq Ñan;
- aire y emisiones, y;
- participación ciudadana.
El debate polarizado en torno a la minería en Mendoza
En la Cámara Baja provincial, el diputado Guillermo Mosso (PRO Libertad) defendió la iniciativa: «estamos hablando de un proyecto ajustado a las mandas de esta Ley, pero además a toda la legislación ambiental y procedimental que tiene la provincia».
Mosso agregó que «de los dictámenes técnicos surge este proyecto, no genera afectación del recurso hídrico«, según consignó la Cámara de Diputados.
En contraste, el diputado José Luis Ramón (CyC) anticipó su voto negativo: «el agua no alcanza para este proceso». Cuestionó que las DIAs «son un manual de omisiones, irregularidades, de información incompleta».
La diputada Valentina Morán (PJ) planteó que «este debate que se ha generado alrededor de San Jorge no es un debate por minería sí o minería no», sino «sobre cómo, cuándo, bajo qué reglas, con qué controles, y al servicio de quién«.
Al día siguiente de la aprobación, la ministra Latorre respondió las críticas en Radio Post. La funcionaria explicó que, sobre los diques de cola, se exigen medidas de máxima protección.
Según Latorre, los depósitos incluyen «un sistema de drenaje permanente debajo del depósito», «una geomembrana de impermeabilización artificial» y «sensores con monitoreo constante en tiempo real«.
Sin embargo, sobre la posible conectividad entre acuíferos y el Río Mendoza, la funcionaria admitió que no existen estudios concluyentes.
Pese a esta falta de información, Latorre afirmó que «los recaudos de prevención exigidos hoy son los de máxima, como si la conectividad ya estuviera acreditada».
La aprobación de San Jorge y el Fondo de Compensación Ambiental marcan un punto de inflexión para la minería en Mendoza.
El desarrollo quedó habilitado con controles reforzados, pero la contradicción entre impulsar la actividad y prepararse para sus posibles impactos mantiene el debate abierto.
