Este lunes, el Gobierno finalmente remitió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.
La iniciativa, adelantada hace semanas por el presidente Javier Milei, busca modificar la normativa ambiental vigente desde 2010.
En particular, esta reforma apunta a facilitar inversiones mineras en zonas cordilleranas, según confirmó la Oficina del Presidente a través de un comunicado.
La propuesta oficial presentada por el Ejecutivo ahora deberá tratarse durante el período de sesiones extraordinarias. La intención es obtener una aprobación del Congreso acelerada antes del 30 de diciembre.
Debido a una flexibilización de los términos de la norma vigente, el proyecto genera inquietud en sectores ambientalistas. Esto es por sus implicancias sobre la protección de glaciares.
La reforma que quiere el Gobierno de la Ley de Glaciares
Al presentar su propuesta de reforma, el Ejecutivo cuestionó duramente a la normativa actual, a la que calificó como «mal llamada ‘Ley de Glaciares’«.
Según el comunicado oficial, esta norma tiene «graves falencias interpretativas que generan inseguridad jurídica«. Además, paralizan inversiones productivas y afectan el legítimo ejercicio de las competencias provinciales».
Por ello, la reforma de la ley presentada al Congreso propone delimitar la protección y se centra únicamente en glaciares que cumplan «una función hídrica efectiva«. Esto es un punto que preocupa a las organizaciones conservacionistas.
Así, esto podría excluir amplias zonas del llamado ambiente periglacial, el cual también es clave para el medio ambiente y la provisión de agu.
Según el Gobierno, la normativa vigente obstaculiza «bajo pretextos ideológicos» el desarrollo económico del país.
Sin embargo, los críticos de la reforma señalan que los cambios podrían afectar el medio ambiente. Prevén un mayor impacto de la minería en zonas de cordillera.
Semanas atrás, más de 25 organizaciones ambientalistas, científicas y sociales difundieron un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de modificar esta norma.
Para Greenpeace, la reforma implica un «retroceso ambiental» de magnitud sistemática y señala que «sin glaciares no hay agua».
El especialista en glaciología del CONICET, Lucas Ruiz, advierte que existen glaciares visibles y «ocultos» —como los de escombros o periglaciares— que cumplen funciones hidrológicas.
Por ello, relajar la protección sería «una amenaza directa» para esas funciones vitales.
En contraste, la administración de Milei vende a la iniciativa como «una verdadera reforma de federalismo ambiental«. Afirman que da cumplimiento a compromisos del Pacto de Mayo.
Esto se debe a que, de aprobarse, la propuesta trasladaría una mayor autoridad a las provincias. Estas podrían definir qué territorios proteger y cuáles no. Esto deja en manos de cada gestión provincial el debate entre cuidado ambiental e inversiones mineras.
La presión del sector minero
La reforma de la Ley de Glaciares responde a reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan).
Estos gobiernos provinciales solicitaron avanzar hacia un modelo federal que facilite la explotación de recursos naturales.
Argentina cuenta con cuatro de los doce mayores proyectos de cobre greenfield del mundo, con una inversión potencial de u$s 30.000 millones.
Por ello, el sector minero ejerce presión durante años para modificar la normativa ambiental en el Congreso.
Es por ello que, durante el último año, el presidente Milei anticipó su voluntad de reforma de la Ley de Glaciares, con respaldo al enfoque provincial.
El mandatario detalló previamente que la iniciativa surgió por propuesta del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La idea es «aprovechar las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas».
El debate en el Congreso
El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso dar «pronto tratamiento» al proyecto y asegurar la «correcta participación de la ciudadanía» durante el proceso legislativo.
La administración nacional expresó que esta reforma representa «un paso decisivo para poner a la Argentina de pie», sin embargo, organizaciones ambientalistas disienten.
La presentación formal se produjo tras más de quince años de vigencia de la Ley N.º 26.639.
En 2019, la Corte Suprema de Justicia instó a la Nación y las provincias a llegar a un «acuerdo federal«. El objetivo era compatibilizar la aplicación de la norma.
La discusión ahora se traslada al Congreso, donde el Ejecutivo espera acelerar el tratamiento para generar un clima de negocios favorable.
