Decenas de comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana demandan atención de autoridades y empresas petroleras para sobrellevar la contaminación de tres ríos que les proveen de agua y pesca a causa de un derrame de crudo en plena pandemia.
Un derrumbe el pasado 7 de abril destruyó tres ductos, provocando la fuga de unos 15.000 barriles de petróleo y combustibles, según cifras oficiales, que se vertieron en ríos como el Napo, uno de los principales afluentes del Amazonas.
“Las familias, los abuelitos, las mujeres que están en las riberas están escasos de comida, no tienen dónde bañar, no tienen de dónde coger agua para beber”, dijo por teléfono a la AFP Marcia Andi, presidenta la comuna kichwa Mushuk Llacta, en la provincia petrolera de Orellana (este y fronteriza con Perú).
De acuerdo con María Espinosa, abogada de la ONG Amazon Frontlines que acompaña a los aborígenes amazónicos, unos 27.000 indígenas kichwa y shuar asentados en las riberas de los ríos Coca y Napo, el cual atraviesa territorio peruano, se vieron afectados por la contaminación, que casi un mes después aún persiste.
La estatal Petroecuador, a cargo del oleoducto que transporta 360.000 barriles por día (bd) y que ya fue reparado, estableció que resultaron perjudicadas 59 comunidades, a las que atiende con la provisión de agua embotellada.
La entidad, acusada de no haber alertado a tiempo sobre el derrame, entregó en abril casi medio millón de litros de agua. Además, realiza una remediación ambiental que se extenderá hasta julio y que incluye al río Quijos, otro de los afectados.
La fuga de crudo aguas arriba del río Coca se produjo en medio de la emergencia por el coronavirus, que ha convertido a Ecuador en una de sus mayores víctimas en Latinoamérica con cerca de 32.000 casos, incluidos más de 1.500 muertos.
Peces muertos
La crisis sanitaria llevó a las autoridades a suspender desde hace ocho semanas el trabajo presencial y las clases e implantar el toque de queda de 15 horas diarias para obligar al confinamiento. “No salíamos al pueblo, estábamos alimentándonos del río con los peces que podíamos coger (…) y nos cae este derrame de crudo”, lamentó Luis Salazar, de la aldea kichwa de Amarunmesa.
Tras detectar las negras y aceitosas manchas de crudo en el río Coca, Holger Gallo, presidente de la comunidad kichwa Panduyaku, anticipó en abril que pobladores “encontraron peces muertos, lo que hace prever que la fauna acuática del río fue exterminada”, sin que hasta ahora haya un pronunciamiento oficial al respecto. Líderes indígenas de la Amazonía pidieron hace una semana ayuda internacional humanitaria ante a la poca asistencia que reciben de los gobiernos de la región en medio de la expansión de la COVID-19.
Frente a la afectación, incluso a la salud de personas, las comunidades interpusieron ante un tribunal amazónico una acción de protección contra el Estado y las empresas operadoras de los ductos como la privada OCP, que administra otra tubería para 180.000 bd y cuyo arreglo aún está inconcluso. Los perjudicados demandan “que se generen medidas inmediatas para garantizar que la gente (afectada) tenga abastecimiento de agua, de comida y acceso a salud”, señaló Espinosa a la AFP.
Consideró que la respuesta que están dando las empresas y el Estado ante la emergencia “no resulta ni suficiente, ni eficaz, ni culturalmente idónea”. Andi apuntó por su lado que el agua en bidones que reciben por ahora de las petroleras es insuficiente porque las familias de su poblado “son numerosas”.
En Mushuc Llacta, la gente se ayuda entre sí compartiendo alimentos de cultivos que están lejos de las riberas del río y que no han sido contaminados, relató. Ahora “esperamos que nos escuchen por lo menos, que los derechos sean remediados por este tema de la contaminación” del río, expresó Andi.