España va camino de convertirse en uno de los países que más rápido se van a desenganchar del carbón. Un año y medio después del cierre de todas las minas —que eran incapaces de sobrevivir sin unas ayudas públicas que ya están prohibidas por Bruselas—, este martes arranca el proceso de clausura de las centrales térmicas que emplean este combustible.
Siete de las 15 plantas que aún quedan abiertas en España dejarán de estar operativas este 30 de junio debido a que a sus propietarias, las compañías eléctricas, no les salen las cuentas para acometer las mejoras medioambientales para cumplir las normas europeas.
De hecho, varias plantas llevan meses sin generar electricidad porque han dejado de ser rentables por una mezcla de decisiones políticas de la Comisión Europea y de condiciones de mercado.
Además de ser muy contaminantes, las térmicas eran hasta hace solo un par de años responsables de aproximadamente el 15% de todos los gases efecto invernadero de España. En 2018, cerca del 15% de toda la electricidad consumida provino de esas plantas. Pero de eso parece que hace un mundo y este mes de mayo apenas generaron el 1,4% de la electricidad. Además, entre el 1 y el 2 de mayo no produjeron nada, algo nunca visto desde que en 1990 arrancaron los registros de Red Eléctrica de España.
Las siete plantas térmicas que dejarán de operar este martes son: Meirama (en A Coruña), Narcea (Asturias) y La Robla (León) —las tres propiedad de Naturgy—; Andorra (Teruel) y Compostilla (León) —de Endesa—; Puente Nuevo (Córdoba) —de Viesgo—; y Velilla (Palencia) —de Iberdrola—. Sus cuatro propietarias han confirmado a EL PAÍS que el 30 de junio ya no estarán operativas para no incumplir la directiva medioambiental europea que obliga a este tipo de instalaciones a acometer unas obras para limpiar los gases que expulsan a la atmósfera si querían seguir operando más tiempo. Estas siete centrales juntas acumulan 4.630 megavatios, lo que supone un poco menos de la mitad de la potencia instalada de carbón en España.
Las siete —que cuentan con unos 1.100 empleados entre personal propio y contratas— son las primeras, pero no las últimas. Otras cuatro plantas —que suman una potencia de 3.092 megavatios y alrededor de 800 empleados— tienen solicitados los permisos ante el Gobierno para cerrar las instalaciones. Se trata de las centrales de Lada (en Asturias y propiedad de Iberdrola), As Pontes (en A Coruña y propiedad de Endesa), Los Barrios (en Cádiz y propiedad de Viesgo) y Litoral (en Almería y propiedad de Endesa). Fuentes del sector estiman que entre 2021 y 2022 podrán estar clausuradas. Y las otras cuatro —dos de ellas propiedad de EDP— que aún no han solicitado el cierre también tienen un futuro muy complicado.
“Por cómo van las cosas, creo que en 2025 ya no habrá generación con carbón”, explica Tatiana Nuño, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace. “El escenario que manejamos de cierre total es 2025”, coincide Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Fuentes del sector manejan, incluso, una salida completa todavía más rápida, para dentro de dos o tres años.
Aparentemente, estos cierres no tienen que ver con las políticas emprendidas por el Gobierno. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado unirse a las alianzas de países que se comprometen a fijar un calendario concreto de clausura de este tipo de instalaciones. Este departamento ha preferido mantener un perfil bajo y, finalmente, han sido el mercado y las medidas emprendidas desde Bruselas los que han dado la puntilla al carbón.
Por un lado, las reformas llevadas a cabo por las instituciones comunitarias hicieron que a partir de 2018 el precio del dióxido de carbono en el mercado europeo de emisiones se disparara. Este sistema, conocido por sus siglas ETS, obliga a todas las grandes industrias a pagar por el dióxido de carbono que emiten, lo que hace que las centrales de carbón pierdan competitividad al ser las que más tienen que gastar en esto. A esto se le unen los bajos precios del gas natural desde 2019. España tiene un gran número de plantas de ciclo combinado que se alimentan de gas y que pueden suplir sin problemas a las térmicas de carbón. Al bajar el precio del gas, esta tecnología desplazó a la de carbón. “El precio bajó porque había un exceso mundial de oferta y no había dónde almacenarlo”, apunta Pedro Linares, director del grupo Economics for Energy.
La previsión era que este 2020 repuntara el gas y que el carbón pudiera volver a ser competitivo. Pero la crisis de la covid-19 ha desbaratado también ese escenario. El resultado es que las centrales de carbón llevan encadenando mínimos históricos de generación de electricidad en España desde marzo de 2019. Al menos cuatro —Compostilla, Litoral, Los Barrios y Velilla— no han producido nada este 2020, según indican sus propietarias. En el resto, lo poco que han generado ha sido para quemar los stocks que tienen acumulados de carbón antes de que bajen definitivamente la persiana mañana.
Lo que sorprende a todos los analistas consultados es la rapidez del proceso de cierres en España. “Creo que también han influido los movimientos de desinversión”, apunta Barreira sobre los fondos inversores que presionan cada vez más a las empresas para que se alejen de los combustibles fósiles. “Hace un año todavía había escépticos, yo incluido, pero con los movimientos que se han dado, creo que el fin del carbón en España ya no tiene vuelta atrás”, concluye Linares.
Alternativas de empleo
En las 11 centrales que cerrarán en los próximos meses —las siete que se desconectarán mañana y las otras cuatro que ya han pedido al Ejecutivo también poner fin a su actividad— trabajan unas 2.400 personas, entre empleos directos e indirectos. En algunos casos, la clausura no será traumática, pero en otros las térmicas son la única industria del municipio y algunos Ayuntamientos verán muy mermados sus ingresos fiscales. La alternativa inmediata es el desmantelamiento de las plantas, que puede durar hasta cinco años y requiere mucha mano de obra. Pero ese proceso no puede comenzar hasta que el Ejecutivo publique la autorización para el cierre y desmantelamiento, que incluye un análisis de los impactos medioambientales de ese proceso. Se espera que en los próximos días se publiquen en el BOE las de tres de las siete plantas que dejarán de funcionar mañana: Velilla, Compostilla y Andorra.
Pero el Ministerio para la Transición Ecológica también ha presionado a las eléctricas para que presenten planes estables para las zonas afectadas, que en muchos casos se centran en las renovables y que, incluso, en algunos de los proyectos requieren más empleos de los que se destruirán con los cierres. A mediados de abril el ministerio firmó con los sindicatos mayoritarios y las propietarias de las plantas las bases para poner en marcha los denominados convenios de transición justa. Ya hay 12 convenios de transición justa en marcha para zonas mineras y térmicas. Y, al margen de los recursos públicos que ya tiene asignados el Gobierno, también está previsto que España se beneficie del futuro fondo de transición justa de la Comisión Europea.
