El desastre ambiental que terminó con la vida de 34 cóndores en Malargüe dejó en evidencia la falta de una legislación acorde a estos delitos que ponen en riesgo no sólo a un ejemplar sino a una especie entera y algo más grave aún, a todo un ecosistema. Ante esta situación, desde el Gobierno pedirán agravar las sanciones y que se incluya esta iniciativa al anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación.
Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, confirmó que harán la presentación el viernes 9, cuando se produzca en la provincia la última reunión de consultas para la reforma del Código Penal de la Nación.
‘Actualmente la única normativa que prevé sanciones a quien elimine animales de la fauna silvestre está contemplada en dos artículos de la ley 22.421 con máximos hasta tres años de prisión. El problema radica en que se considera a los animales como una individualidad y no como una especie integrante de un ecosistema’, explicó el funcionario y disparó: ‘En síntesis, con la legislación actual es lo mismo matar a una cata (animal protegido) que eliminar a toda una especie completa en peligro de extinción como el cóndor’.
Mendoza está estudiando experiencias como la de México, donde existe la figura del ecocidio para penalizar acciones perjudiciales para el medio ambiente, como fueron los derrames de petróleo en el Golfo de México generando pérdidas en los recursos naturales y en vidas humanas. También hay antecedentes en España, según consignaron desde la subsecretaría de Justicia.
