El Senado otorgó media sanción al proyecto que modifica la Ley de Glaciares, una decisión que generó un inmediato rechazo de organizaciones ambientalistas. Sin embargo, la iniciativa aún debe ser tratada en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El gobierno de Javier Milei impulsa la reforma en sesiones extraordinarias con el argumento de ordenar el marco normativo y consolidar un esquema de federalismo ambiental. No obstante, sectores críticos advierten sobre posibles retrocesos en materia de protección ecológica.
Además, especialistas sostienen que la modificación podría contradecir compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú, orientado a garantizar derechos ambientales y acceso a la información.
¿Qué establece la ley vigente?
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y define como glaciar a toda masa de hielo estable o de flujo lento, con o sin agua en su interior. Asimismo, protege el ambiente periglacial como regulador estratégico del recurso hídrico.
El artículo 6 prohíbe actividades como la exploración minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y cualquier obra que altere la dinámica del hielo o la calidad del agua. También impide el almacenamiento de sustancias contaminantes en esas áreas sensibles.
Por otra parte, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del Conicet. El registro contabiliza 16.968 cuerpos de hielo, con una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados, principalmente en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur.
Los cambios propuestos y el debate constitucional
El proyecto redefine el objeto de protección y limita la tutela a glaciares que cumplan una función hídrica efectiva y relevante para la recarga de cuencas. En consecuencia, el alcance de la protección se reduciría respecto del esquema actual.
Además, propone que cada provincia determine qué glaciares proteger y en cuáles habilitar actividades extractivas. Este punto genera controversia, ya que podría alterar el concepto de presupuestos mínimos ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Quienes cuestionan la reforma advierten que delegar esa definición a las provincias podría generar conflictos interjurisdiccionales por el acceso al agua. En cambio, los defensores sostienen que la normativa vigente resulta demasiado amplia y bloquea proyectos productivos incluso en zonas sin aporte hídrico significativo.
Impacto potencial en los ecosistemas y el ambiente
La posible modificación podría afectar ecosistemas de alta montaña que dependen del equilibrio entre hielo, suelos congelados y cursos de agua. Los glaciares actúan como reservas estratégicas de agua dulce y regulan caudales en períodos de sequía.
Asimismo, el ambiente periglacial cumple funciones clave en la recarga de acuíferos y en la estabilidad del suelo. Reducir su protección podría aumentar riesgos de degradación, contaminación y pérdida de biodiversidad en regiones andinas.
Por lo tanto, el debate trasciende la minería y se centra en el modelo de gestión del agua y los bienes comunes. En un contexto de cambio climático y retroceso glaciar, la decisión legislativa podría marcar un punto de inflexión en la política ambiental del país.
