La Cámara de Diputados del Chaco analiza dos proyectos de ley que buscan reforzar la respuesta estatal frente al maltrato animal, en un contexto de creciente sensibilidad social impulsado por la difusión de casos en redes y medios.
Las iniciativas plantean sanciones que podrían superar los $15 millones en casos de reincidencia y contemplan prisión efectiva para situaciones de crueldad extrema.
Dos proyectos en debate
El proyecto 535, impulsado por los diputados Slimel y Zimmermann, propone una reforma integral del Código de Faltas provincial (ley 850-J). Define con precisión conductas de maltrato y crueldad, como abandono, falta de alimentación, ausencia de atención veterinaria o riñas, e incorpora agravantes como la reincidencia, la difusión en redes sociales o la comisión en presencia de menores.
Las sanciones van desde 12 SMVM ($4.293.600) hasta 18 SMVM ($6.440.400) en casos de muerte o crueldad extrema, con arresto de hasta 180 días de cumplimiento efectivo. Además, prevé el secuestro preventivo de animales, un registro de infractores y la inhabilitación para la tenencia de hasta 10 años o definitiva.
El proyecto 524, de la diputada Maida With, adopta un enfoque más acotado pero endurece las multas: entre 5 y 20 SMVM ($1.789.000 a $7.156.000) para maltrato, y entre 20 y 50 SMVM ($7.156.000 a $17.890.000) para crueldad. En casos de muerte, la sanción se ubicaría en el tramo superior. La diputada sostiene que el problema no es la falta de normas, sino la brecha entre la legislación y su eficacia real.
Consenso social y desafíos
Ambos proyectos coinciden en la creación de un registro de infractores y en la posibilidad de inhabilitar la tenencia de animales, aunque difieren en los plazos. El diputado Nicolás Slimel subrayó que el maltrato animal es “una forma de violencia” y que existe un consenso social creciente en torno a la protección de los animales como “seres sintientes” y parte de la familia.
Sin embargo, advirtió que el endurecimiento de penas es solo una parte de la solución: “Hay una falta de controles y de políticas públicas sostenidas”. Por ello, adelantó que trabajan en la creación de un organismo específico que aborde la problemática de manera integral.
El debate en Chaco refleja un cambio cultural y político: el maltrato animal ya no se percibe como un hecho menor, sino como una forma de violencia que exige respuestas firmes del Estado. Las iniciativas legislativas buscan no solo sancionar, sino también construir una política de Estado que garantice la protección de los animales y fortalezca la conciencia social frente a esta problemática.
