El tráfico ilegal de fauna silvestre dejó de ser un delito marginal para convertirse en parte del engranaje del crimen organizado transnacional, vinculado al narcotráfico y otras economías ilegales. Entre 2017 y 2022 se documentaron 1.945 casos de captura y caza ilegales en América Latina, con graves impactos en la biodiversidad.
Redes que operan en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia cazan jaguares y pumas para el mercado de colmillos y pieles, además de capturar ranas y tortugas vivas. Empresas como Caza & Safari son investigadas por ofrecer cacerías de especies protegidas, normalizando la violencia contra la fauna.
Impactos en ecosistemas y comunidades
En la Amazonía ecuatoriana, la cacería ilegal se entrelaza con actividades extractivas y redes criminales, afectando a pueblos indígenas y comunidades locales. En Galápagos, uno de los santuarios marinos más importantes del planeta, las exportaciones de aletas de tiburón hacia Asia se triplicaron en 2021, alcanzando 223 toneladas.
El comercio ilegal destruye ecosistemas y amenaza especies endémicas. En zonas marinas, los vacíos legales permiten blanquear capturas de tiburones y pelágicos bajo la coartada de la pesca incidental. La protección se limita a reservas como Galápagos, pero fuera de ellas la supervivencia de estas especies se reduce drásticamente.
Herramientas internacionales
El tráfico ilegal aprovecha rutas y redes de corrupción, alcanzando escala industrial en el Pacífico Sur. Para enfrentarlo, se requieren respuestas jurídicas innovadoras. El Acuerdo BBNJ (Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional), ratificado por 83 países, ofrece mecanismos como:
- Creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales.
- Evaluaciones de impacto ambiental obligatorias.
- Protección de especies migratorias y vulnerables.
Ecuador demostró que es posible actuar penalmente: la captura del buque chino Fu Yuan Yu Leng dentro de la Reserva Marina de Galápagos abrió la puerta a inspecciones de barcos en la Zona Económica Exclusiva, mostrando que la voluntad política puede garantizar la protección efectiva.
Naturaleza como sujeto de derechos
La Constitución ecuatoriana reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, lo que, sumado al BBNJ y a instrumentos como la Convención sobre el Derecho del Mar (Convemar) y el Acuerdo de Nueva York sobre poblaciones de peces transzonales, fortalece la cooperación internacional.
El Acuerdo de Nueva York amplía las posibilidades de control más allá de las fronteras nacionales, reforzando la inspección y protección de especies altamente migratorias. Sin embargo, persisten límites políticos y económicos que dificultan la plena aplicación de estas herramientas.
Nacionalidad ecológica: un nuevo paradigma
Surge la idea de una nacionalidad ecológica, que reconoce a especies endémicas, transzonales o migratorias como objeto de protección reforzada por parte de los Estados que asumen su conservación. Esto permitiría sostener acciones diplomáticas y penales más firmes frente al tráfico, incluso fuera del territorio nacional.
Defender a jaguares, tortugas y tiburones como “nacionales” implica repensar la soberanía: no solo como control del territorio, sino como capacidad real de resguardar la vida natural. Frente a redes criminales globales, la respuesta debe ser un derecho internacional de la naturaleza, que reivindique la universalidad de los derechos de los ecosistemas y especies.
La lucha contra el tráfico de fauna exige cooperación más allá de las fronteras. El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y la aplicación de acuerdos internacionales como el BBNJ y el Acuerdo de Nueva York ofrecen un marco para enfrentar esta amenaza global. La defensa de jaguares, tortugas y tiburones es también la defensa de la soberanía ecológica y del patrimonio común de la humanidad.
De Irene Torres, Milton Castillo/Latinoamérica21
