En el sur de la provincia de Córdoba, la caza es una actividad común, especialmente de liebres y armadillos peludos, una especie de la familia del quirquincho. Aunque la caza está permitida, hay una creciente preocupación por la caza con jaurías, una práctica ilegal y que ha generado numerosas infracciones.
Durante el fin de semana, la Patrulla Rural desarticuló en las localidades de Ballesteros, Alto Alegre, Bell Ville y Pueblo Italiano a un grupo de personas dedicadas a la caza ilegal con jaurías de perros. En el operativo, se detuvo a 12 personas y se rescataron 45 perros.
Dos semanas antes, se produjo un hecho similar. Alrededor de 30 personas fueron puestas a disposición de la justicia por prácticas con animales en las zonas de Villa Nueva, Pasco, Morrison y Hernando, entre otros sectores del interior provincial. Rescataron a 45 perros de raza Galgo.
Según la Patrulla Rural de Córdoba, durante los fines de semana, se observa un incremento significativo en la actividad de caza con jaurías. La mayoría de estas infracciones involucran a perros de raza Galgo.
Pero, «puede haber uno que otro Dogo que suelen llevar para la caza de Jabalí por las dudas que se encuentren alguno», indicó Adrián Giordano director del departamento de Patrulla Rural Seccional Sur.
Las sanciones por esta práctica ilegal varían dependiendo del juez de Paz encargado del caso. «Puede ser una pena de multa, trabajo comunitario o a veces días de arresto», agregó Giordano.
En caso de que los animales capturados presenten lesiones o signos de maltrato, se notifica a la justicia para que determine si es necesaria una revisión veterinaria y se evalúe la responsabilidad del dueño del can.
Colaboración con la comunidad rural
El 80% de los procedimientos contra la caza ilegal se inician tras recibir denuncias de agricultores o colonos, quienes se ven afectados por los daños que a veces causan los perros en sus propiedades. Por ejemplo, la destrucción de silo bolsas.
«Nosotros trabajamos conjuntamente con la gente del campo y tenemos grupos de WhatsApp donde estamos todos comunicados. Ellos denuncian y ahí hacemos el operativo», explicó el director.
El 20% restante de las denuncias proviene de personas que observan actividades de caza desde las rutas.
Lo que pasa es que estos cazadores, a menudo, ingresan a campos privados sin autorización, lo que provoca conflictos y complicaciones legales. «Normalmente, se meten a campos privados o alguien les ha permitido el ingreso. Pero ellos no saben delimitar cuál es el campo de la persona que los autorizó y se cruzan de campo y ahí empiezan los inconvenientes».
Sin falta y durante los fines de semana, se confiscan entre 30 y 50 perros utilizados en estas actividades, y hasta 40 personas son las involucradas en estas infracciones.
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