El Senado de España ha ratificado por unanimidad el Convenio Europeo de Animales de Compañía que prohíbe el corte de la cola a los perros por razones estéticas.
El Partido Popular decidió renunciar a la enmienda que introdujo a dicho convenio en el Senado y con la que buscaba continuar permitiendo esta práctica en los perros de caza.
Con la modificación del texto del convenio, que ya fue ratificado el pasado 16 de marzo en el Congreso, el partido del Gobierno solicitaba que ‘el corte de la cola sólo se realizará en el caso de perros que por la actividad que desarrollan habitualmente puedan sufrir daños en la misma’.
En el escrito emitido, los populares presentaron un voto particular al dictamen que el propio grupo emitió en el Senado y por el que solicitan ‘la vuelta al texto del Convenio remitido por el Congreso’. De esta manera, el documento que se apruebe este miércoles en el Senado será el mismo que se ratificó en la Cámara Baja, donde el Partido Popular propuso la misma enmienda sin conseguir el número de apoyos suficiente para que saliera adelante.
En el caso de que el Partido Popular no hubiera retirado su enmienda, la aprobación del escrito gracias a la mayoría que el grupo popular ostenta en la Cámara Alta habría provocado una situación que no se daba desde 1985, obligando a crear una Comisión Mixta Congreso-Senado constituida expresamente para resolver esta cuestión, según se establece en el Artículo 146 del reglamento de la Cámara Alta.
Una vez el nuevo texto hubiera sido redactado, la Constitución establece que debería haber sido votado de nuevo por ambas cámaras, quedando la decisión final en manos del Congreso si hubiera discrepancia. Es decir, finalmente el Congreso habría aprobado la primera versión texto que ya ratificó, por lo que en la práctica, esta enmienda sólo retrasaba la prohibición del corte de la cola de los perros.
Hasta la entrada en vigor del convenio con su publicación en el Boletín Oficial de Estado, cada autonomía tiene competencia de prohibir las mutilaciones o permitirlas. En siete comunidades existe ya legislación que veta la práctica: Aragón, Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Mientras que, en el resto, no se hace mención expresa o bien lo permiten.
