Como nunca antes estalló en toda España la discusión sobre qué hacer con uno de los mayores estereotipos de su identidad nacional: las corridas de toros.
El inicio del verano, la estación de la lidia, coincidió con una ofensiva política contra los espectáculos taurinos, impulsada por alcaldes y presidentes regionales de la izquierda que acaban de llegar al poder.
Las medidas varían desde cortar las subvenciones públicas a directamente revocar el permiso para las corridas o convocar plebiscitos para que la población decida si se prohíben o no.
La batalla a los toros no se libra sin resistencia. Los enfrentamientos entre defensores de los derechos del animal y amantes de la tauromaquia levantaron el tono en las últimas semanas.
La tensión se nota más a pequeña escala. En Ciempozuelo, una típica ciudad agrícola del sur madrileño, la discusión se trasladó a las calles cuando la nueva alcaldesa, María Jesús Alonso, de Podemos, anunció que no pondrá ‘un céntimo’ de dinero estatal para subvencionar actividades con toros en las fiestas locales. Implica, en la práctica, una prohibición.
Este año, hay cerca de 12.000 corridas agendadas en pueblos y ciudades
El martes unas 400 personas se juntaron frente al ayuntamiento a exigir la renuncia de Alonso. Había toreros con sus trajes de luces, pero en las manos portaban, en lugar de la capa, carteles que decían ‘libertad’. Al día siguiente, se movilizaron los abolicionistas. Sus carteles denunciaban: ‘Asesinos’.
La alcaldesa, en tanto, denunció en la Guardia Civil que la habían amenazado de muerte y republicó en Facebook un artículo irónico en el que la acusaban de provocar ‘otra guerra civil’ en España.
Fuente: Diario La Nación
