En la localidad de Los Berros, provincia de San Juan, se llevó adelante un operativo contra el tráfico de fauna silvestre, entre ellos aves autóctonas y las carreras clandestinas de perros. La intervención estuvo a cargo de la Policía de Sarmiento, a través de la Unidad Rural 4 El Acequión, en el marco de una investigación por infracción a la ley de protección de fauna autóctona.
Durante los allanamientos se recuperaron 55 ejemplares de distintas especies, entre ellas benteveos, cardenales copete rojo, diucas, jilgueros y loicas. Todos estos ejemplares están protegidos por normativas nacionales y provinciales que prohíben su captura, tenencia y comercialización.
Además, se secuestraron más de 70 jaulas, tramperos y transportines, junto con elementos relacionados con carreras ilegales de galgos, entre ellos bozales y un cuadro de bicicleta modificado.
Un delito que amenaza la vida silvestre
El tráfico de especies autóctonas es uno de los principales delitos ambientales en Argentina. Cada año, miles de aves son extraídas de su entorno natural para ser vendidas como mascotas o utilizadas en competencias, lo que provoca un grave daño a los ecosistemas y a las poblaciones silvestres.
Estos animales sufren estrés, desnutrición y heridas durante su captura y transporte. La mayoría no sobrevive a las condiciones de encierro ni logra readaptarse a su hábitat si son liberados.
A nivel ecológico, la pérdida de ejemplares altera las cadenas alimentarias, afecta la polinización y la dispersión de semillas, y contribuye al desequilibrio ambiental. Proteger a estas especies no solo preserva su bienestar, sino que mantiene la salud de los ecosistemas que sostienen la vida en la región.
Las consecuencias legales del tráfico de fauna
Las leyes nacionales y provinciales de protección de fauna autóctona contemplan sanciones severas para quienes capturen, comercialicen o mantengan especies silvestres en cautiverio.
El artículo 24 de la Ley Nacional N.º 22.421 establece penas que incluyen multas económicas, decomiso de los ejemplares y prisión de hasta cuatro años para los responsables. Estas medidas buscan desalentar el mascotismo y el comercio ilegal, además de garantizar la recuperación y reinserción de los animales rescatados.
A nivel provincial, las autoridades también pueden aplicar sanciones administrativas, como la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales o el cierre de establecimientos que incumplan las normas. La colaboración ciudadana mediante denuncias resulta clave para detectar y frenar estas prácticas.
Cómo el tráfico afecta a las especies y sus hábitats
Cada animal capturado representa una pérdida para su entorno natural. Las aves, por ejemplo, cumplen funciones esenciales en el control de plagas, la regeneración de bosques y la estabilidad del suelo.
Cuando son retiradas de su ecosistema, se rompen relaciones ecológicas que tardan años en restablecerse. Además, el comercio ilegal introduce enfermedades y especies exóticas que ponen en riesgo la fauna nativa y la biodiversidad local.
El tráfico de fauna no es solo una cuestión de conservación, sino también de equilibrio ambiental y salud pública, ya que el contacto indebido con animales silvestres puede favorecer la transmisión de virus y parásitos a las personas.
Compromiso y denuncia ciudadana
La lucha contra el tráfico de fauna requiere la participación de todos. Las autoridades instan a la población a no comprar ni mantener animales silvestres como mascotas, y a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con su captura o venta.
Quienes deseen reportar casos pueden comunicarse con las Unidades Rurales 1 y 2 al teléfono (264) 583-2804, o con organismos provinciales de control ambiental.
Proteger la fauna es proteger la identidad natural del país. Cada rescate y cada denuncia contribuyen a frenar el avance de un delito que amenaza no solo a los animales, sino también al equilibrio de los ecosistemas que todos compartimos.
