La lucha contra la caza clandestina y el maltrato animal sumó un antecedente de gran relevancia en la provincia de Buenos Aires. Una resolución dictada por la Justicia del Departamento Judicial de Mercedes dispuso la incautación definitiva de dos galgos utilizados presuntamente para actividades ilegales, priorizando su recuperación y bienestar por encima de su restitución a quienes los poseían.
El caso representa un cambio significativo en la manera de abordar este tipo de delitos, ya que los animales fueron considerados sujetos que requieren protección específica dentro del proceso judicial. Además, la medida fortalece las estrategias de conservación de la fauna silvestre al desalentar prácticas de caza prohibidas.
La decisión también refuerza la importancia de aplicar criterios ambientales en investigaciones vinculadas al uso ilegal de animales para la persecución de especies nativas, una actividad que genera impactos negativos sobre la biodiversidad.
Un operativo contra la caza ilegal derivó en un fallo sin precedentes
La investigación fue impulsada por el fiscal Lisandro Masson, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4, luego de detectar la utilización de perros en un establecimiento rural de San Antonio de Areco para actividades incompatibles con la normativa que protege la fauna silvestre.
Durante el procedimiento, efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) secuestraron dos galgos que habrían sido empleados para perseguir animales silvestres, en infracción a la legislación vigente sobre conservación de la fauna.
Posteriormente, la Justicia resolvió que ambos ejemplares no regresaran al establecimiento investigado ni fueran alojados en dependencias estatales. En cambio, fueron entregados bajo custodia de la asociación civil Corazones Vagabundos, que asumió las tareas de atención veterinaria, alimentación y rehabilitación mientras continúa la causa penal.
El estado de los animales evidenció una situación de maltrato
Los informes veterinarios incorporados al expediente revelaron que ambos galgos presentaban lesiones compatibles con un uso intensivo en actividades de caza.
Entre las afecciones detectadas figuraban heridas, cortes, dolores persistentes, dificultades para desplazarse y posibles lesiones internas, además de signos compatibles con un deterioro físico prolongado.
Asimismo, los especialistas observaron indicios de restricción alimentaria deliberada, una práctica utilizada para estimular el instinto de persecución durante la caza ilegal. Los perros también manifestaban temor y resistencia al contacto con las personas, una conducta frecuente en animales sometidos a situaciones de violencia.
Qué normas protegen a los galgos y a los animales utilizados para la caza en Argentina
La protección jurídica de los galgos en Argentina se sustenta en distintas normas nacionales y provinciales. La Ley Nacional N.º 14.346 sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales, estableciendo penas para quienes los sometan a sufrimientos injustificados.
Por otra parte, la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre prohíbe la captura y persecución ilegal de especies protegidas, por lo que el empleo de perros para actividades de caza clandestina también puede constituir una infracción ambiental.
Además, desde 2016 rige la Ley Nacional N.º 27.330, que prohíbe en todo el territorio argentino las carreras de perros, una práctica históricamente asociada a la explotación, el abandono y el maltrato de galgos. Paralelamente, diversas provincias cuentan con normativas complementarias destinadas a fortalecer la protección animal y el control de la caza ilegal.
Un antecedente que fortalece la protección de la biodiversidad
La resolución judicial es considerada un precedente relevante para futuras investigaciones sobre delitos ambientales en la provincia de Buenos Aires.
Al impedir que los animales regresen a los presuntos responsables, el fallo incorpora una perspectiva que prioriza tanto el bienestar de los ejemplares como la preservación de la fauna silvestre afectada por la caza clandestina.
De este modo, la decisión podría consolidar nuevas herramientas para combatir prácticas ilegales que perjudican los ecosistemas, promoviendo una mayor articulación entre la protección animal, la conservación de la biodiversidad y la aplicación de la legislación ambiental vigente.
