Realizan en Argentina el primer juicio por delitos ambientales del país

El primer juicio por delitos ambientales en el país que se lleva a cabo en San Martín de los Andes. El proceso tiene como principal acusado a las autoridades de una cooperativa de agua que vertió barros cloacales sin tratarlos en el vertedero municipal.

A partir de ello, los habitantes de San Martín de los Andes empezaron a verse afectados por las actividades de la cooperativa de agua que son acusados de haber generado lodos cloacales. Entre los protagonistas del hecho que enfrentan un juicio en la localidad, se encuentra la coordinadora del Organismo de Control Municipal Julieta Muñiz Saavedra.

Asimismo, también enfrentan cargos por delitos ambientales los propietarios de la cantera en San Martín de los Andes, Pedro y Pablo Werefkinen.

Sin embargo, a pesar de la contaminación causada, la fiscalía de delitos ambientales a cargo del magistrado Maximiliano Breide Obeid, pidió el sobreseimiento de las autoridades de la empresa, dado que si bien son los que generaron aquellos residuos, existía un acuerdo firmado en 2017 entre Saavedra y los Werefkinen.

Cabe destacar que la fiscalía considera a los acusados penalmente responsables por volcar sobre la celda número 5 del vertedero los barros cloacales sin tratar, un tipo de residuos que es considerado peligroso.

El detalle de la causa

Durante la formulación de los cargos contra los acusados, el Ministerio Público Fiscal consideró que el hecho puso en peligro la salud de los habitantes.

En este sentido, habían calificado la imputación como contaminación peligrosa para la salud pública. Los cinco acusados fueron señalados tras las operaciones de depuración de los efluentes líquidos cloacales que no fueron tratados previamente en las plantas de tratamiento de efluentes de San Martín de los Andes.

En cuanto a la coordinadora del Organismo de Control Municipal se la acusa de no haber cumplido con sus deberes de funcionaria pública y por no haber fiscalizado adecuadamente el tratamiento en el basural del municipio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, entre 2014 y 2019 se trasladaron los lodos sin tratamiento hasta el predio donde funcionaba el vertedero municipal y “fueron dispuestos, alternativamente, en las mismas celdas sobre las cuales se vertían los residuos sólidos urbanos, como cobertura diaria de dichas celdas y, finalmente, directamente sobre el suelo”.

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