España sigue adelante con su plan para cerrar sus cinco plantas nucleares, con siete reactores en total, entre 2027 y 2035.
Esto se definió luego de que el Congreso frenara este jueves la posibilidad de extender la operación de sus plantas nucleares.
Así, por un solo voto de diferencia, se confirmó el calendario de cierre progresivo pactado en 2019.
La votación, que terminó 171 a favor y 171 en contra, quedó definida por la abstención de Junts.
La enmienda tratada hoy por el Congreso había sido presentada por el Partido Popular (PP) con el objetivo de parar las cuatro fechas más cercanas de cierre definitivo de centrales.
En particular, se buscaba evitar el desmantelamiento de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes, cuatro de los siete reactores nucleares activos del país.
El objetivo era facilitar que las empresas propietarias pudieran solicitar extensiones sin restricciones temporales.
Pese a la votación al límite, esto le permite al gobierno español mantener su apuesta por una transición energética total hacia fuentes renovables.
Sin embargo, esto genera tensiones políticas y dudas.
Es que, actualmente, la energía nuclear representa alrededor del 20% de la electricidad generada en España.
España cierra sus plantas nucleares y el calendario se mantiene vigente
Con el rechazo de la enmienda, España mantendrá el cronograma para desmantelar sus cinco plantas nucleares y siete reactores definido en 2019.
En su momento, este se acordó entre el Gobierno, las empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
El calendario programado de cierres, el cual ahora se mantiene, es el siguiente:
- Almaraz I (Extremadura, Cáceres): cierre en noviembre de 2027;
- Almaraz II (Extremadura, Cáceres): cierre en 2028;
- Ascó I (Cataluña, Tarragona): cierre en 2030;
- Cofrentes (Comunidad Valenciana, Valencia): cierre en 2030;
- Ascó II (Cataluña, Tarragona): cierre en 2032;
- Vandellós II (Cataluña, Tarragona): cierre en 2035;
- Trillo (Castilla-La Mancha, Guadalajara): cierre en 2035.
Las tres condiciones del Gobierno para cualquier prórroga
Aunque el calendario sigue en pie, las empresas eléctricas aún pueden solicitar extensiones.
De hecho, las propietarias de Almaraz ya presentaron formalmente un pedido para mantener operativo el reactor I hasta 2030.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, estableció tres líneas rojas para autorizar cualquier prórroga de las plantas nucleares en España:
- que se garantice la seguridad radiológica de los ciudadanos;
- que no suponga costes adicionales para consumidores ni contribuyentes, y;
- que sea conveniente para la seguridad de suministro.
«El derecho a solicitar una ampliación no lo crea una orden ministerial, sino la normativa vigente», aclaró el Ejecutivo tras la votación.
España: el conflicto los entre costos y la transición renovable
Las eléctricas sostienen que operar las plantas nucleares más allá de 2027 con la carga fiscal actual es económicamente inviable si el mercado no supera los 65-70 euros por megavatio hora.
Los precios previstos rondan los 55 euros, lo que hace la operación deficitaria.
A esto se suma un problema estructural: el fondo de desmantelamiento de Enresa solo cubre el 43% del coste real, dejando un déficit de 11.600 millones de euros sin financiar.
El Ministerio también cuestionó la enmienda del PP por modificar de forma unilateral las órdenes ministeriales sin consultar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Este es el organismo encargado de evaluar las condiciones de seguridad del desmantelamiento de las plantas nucleares en España.
«Lo único que se consigue es crear inseguridad jurídica«, advirtieron fuentes oficiales.
La pregunta clave: ¿puede España funcionar sin plantas nucleares?
El debate de fondo va más allá de la política: España busca construir un sistema 100% renovable, pero la red eléctrica aún enfrenta desafíos técnicos importantes.
Hoy, los nuevos sistemas digitales que deben reemplazar la estabilidad que aportan los reactores están en fase de pruebas.
Mientras tanto, regiones con crecimiento industrial alertan que la infraestructura eléctrica está al límite de su capacidad.
La votación cerró la puerta a una extensión rápida, pero el debate energético permanece abierto en el terreno técnico y económico, donde finalmente se definirá el futuro del sistema eléctrico español.
