Ha transcurrido una década desde que, en septiembre de 2015 se prodijo el vertido de Barrick Gold en la mina Veladero, bajo operación de Barrick Gold y Shandong Gold, vertió 5 millones de litros de solución cianurada sobre la cuenca del Río Jáchal.
Este evento constituyó el peor desastre minero-ambiental en la historia de Argentina, resultando en la contaminación de al menos cinco cursos de agua esenciales para la vida de comunidades enteras.
En colaboración con la Asamblea de Jáchal, y en nuestro rol de representantes de la querella judicial desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, realizamos un pronunciamiento público para demandar justicia por nuestros ríos y por nuestra salud.
El agua del Jáchal, del río Blanco y de sus afluentes es el sostén de la vida en un territorio semiárido, donde miles de familias dependen de estos cauces para el consumo humano, el riego y la producción de alimentos.
La contaminación confirmada por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, que detectó presencia de arsénico, aluminio y manganeso, representa un impacto irreversible para la salud y la vida en toda la región.
Desde aquel suceso, las comunidades se han visto obligadas a comprar agua envasada, mientras la empresa minera continúa operando con absoluta impunidad.
La compañía minera ocultó el derrame y el gobierno de San Juan intentó restarle gravedad. Fue únicamente gracias a la presión ejercida por la Asamblea «Jáchal No Se Toca» y a las investigaciones de centros académicos que se logró confirmar lo sucedido: una compuerta que se dejó abierta permitió que el cianuro fluyera por la cuenca, contaminando ríos que, a día de hoy, todavía padecen las secuelas.
Veladero se encuentra instalada en una zona periglacial, lo que supone una violación flagrante de la Ley de Glaciares. Esta es la misma normativa que la minera presiona actualmente para que sea eliminada, contando con el beneplácito de sectores políticos y judiciales.
La causa judicial federal por el vertido de Barrick Gold avanzó hasta imputar a funcionarios nacionales por transgredir la Ley de Glaciares e incumplir sus deberes. Sin embargo, la jueza María Servini de Cubría se ha erigido como garante de la impunidad: primero dilató el procedimiento durante años y, posteriormente, dictaminó la prescripción de la causa, alegando las mismas demoras que ella misma había permitido.
Se trata de un auténtico pacto de silencio entre el poder político, la justicia y la megaminería.
Desde el año 2015, se han denunciado otros cinco derrames ocurridos en Veladero, los cuales han sido sistemáticamente encubiertos por el gobierno provincial y la empresa. Mientras esto ocurre, Barrick y Shandong continúan extrayendo oro y generando pasivos ambientales en una provincia donde la población vive con el temor de abrir el grifo.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) exigimos:
- El cierre definitivo de Veladero.
- La remediación ambiental integral de la cuenca del Jáchal y de todos los cursos de agua que fueron afectados.
- El enjuiciamiento y castigo para los responsables políticos y empresariales.
- El cumplimiento estricto de la Ley de Glaciares y la protección del agua como un derecho humano.
La megaminería no es sinónimo de desarrollo: implica contaminación, corrupción y el sacrificio de territorios. Lo manifestamos hace diez años y lo volvemos a repetir hoy: no existe ninguna región en el planeta que haya conseguido un futuro digno a través de la megaminería.
Fuente: Asociación Argentina de Abogados Ambientales
