Nueva York demanda a 3M, DuPont y otras por contaminación con PFAS, busca compensación y descontaminación ambiental

Nueva York ha iniciado acciones legales contra grandes compañías químicas por el uso de los persistentes químicos PFAS, conocidos por su resistencia a la degradación y su impacto negativo en el medio ambiente. Este litigio busca que las empresas asuman los costos de limpieza y daños relacionados.

Nueva York afronta la contaminación por PFAS con demandas legales

Esta acción judicial representa un desafío significativo para gigantes como 3M, DuPont, Chemours, Corteva y EIDP, quienes, según la acusación, han fabricado y distribuido estas sustancias durante décadas a pesar de conocer sus peligros para la salud y el entorno.

Los PFAS, apodados como químicos eternos, se utilizan ampliamente debido a su capacidad para repeler agua y grasa, lo que los hace comunes en productos cotidianos como ropa resistente al agua y utensilios de cocina antiadherentes.

La fiscal general Letitia James demanda que estas empresas financien la descontaminación de ecosistemas afectados y compensen a las comunidades perjudicadas por la exposición a estas sustancias. Informes internos indican que las firmas eran conscientes de la toxicidad de los PFAS desde los años 70.

Esta actuación en Nueva York forma parte de un movimiento internacional más amplio para responsabilizar a las empresas químicas por los efectos prolongados de estos compuestos en el agua potable, la fauna y la salud humana.

El caso se suma a numerosos litigios en los que las empresas han sido obligadas a pagar sumas significativas para resolver disputas por contaminación de fuentes de agua. Un reciente acuerdo de 450 millones de dólares involucró a Chemours y agencias gubernamentales estadounidenses por la contaminación de varios ríos.

La presión sobre el sector químico sigue creciendo, con regulaciones más estrictas en EE.UU. y Europa, que buscan limitar el uso de PFAS en productos donde existen alternativas más seguras.

El resultado de este litigio podría establecer un precedente para futuras demandas y acelerar la implementación de medidas que protejan los recursos naturales y la salud pública de los efectos nocivos de los PFAS.

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