El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco) transmitió su preocupación por «la cantidad de ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en América Latina y el Caribe», al difundir a través de un comunicado los resultados del último informe realizado por la ONG internacional Global Witness.
La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, advirtió que la última edición del monitoreo anual de Global Witness «volvió a mostrar cuantitativamente lo dramática que es la situación para los ambientalistas de la región» y planteó que «América Latina y el Caribe constituyen el territorio donde se registra la estadística más alta en agresiones, persecución y asesinato de personas defensoras del ambiente».
Según el estudio de la ONG, las tres cuartas partes de los homicidios del planeta de activistas vinculados a la problemática del medio ambiente «sucedieron en Latinoamérica, mostrando que en 2021 hubo unos 165 asesinatos en la región, por sobre un total de 227 ataques mortales registrados en todo el mundo».
La ONG Global Witness se fundó en 1993 con el objetivo de intervenir en las tramas de corrupción vinculadas a la explotación de los recursos naturales, tiene sede en Londres y ha impulsado denuncias y campañas ligadas a sectores como el petróleo, el gas, la minería y la madera.
«Entre las personas que fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70% trabajaba para defender los bosques de la deforestación», detalló Gil Lozano, y destacó «la lucha de defensores y defensoras de los derechos humanos en materia de asuntos ambientales, quienes alzan su voz en contra del avance sobre la naturaleza y la crisis climática».
En ese marco, la titular del Cipdh-Unesco exhortó a los Estados a «garantizar la protección de la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que pueden tener impacto en el ambiente».
Y recordó que el organismo que encabeza lanzó a fines de mayo el Programa de Formación Ejecutiva «Ambiente y Derechos Humanos», dirigido a los gobiernos locales de la región, para difundir los compromisos del Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre derechos humanos en materia ambiental.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido popularmente como Acuerdo de Escazú por la localidad de Costa Rica en el que fue celebrado, contiene disposiciones específicas para defender los derechos humanos en materia de recursos naturales y prevención del cambio climático.
El Acuerdo de Escazú fue celebrado en marzo de 2018, lo suscribieron 24 países -entre ellos Argentina- y 12 naciones lo ratificaron, entre ellas nuevamente Argentina, que lo aprobó en el Parlamento a través de la ley 27566, sancionada en octubre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial en mayo de 2021.
