La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dejó firme una sentencia contra la empresa agroquímica Atanor, responsabilizándola por la contaminación irreversible del río Paraná en San Nicolás.
El proceso judicial, iniciado hace 12 años, se consolidó tras denuncias de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que expuso irregularidades sistemáticas en la producción de la firma y en los controles estatales.
El fallo adquiere relevancia adicional por los nuevos episodios de contaminación registrados en 2026 y por la explosión de un reactor en la planta meses antes, que obligó a evacuar barrios cercanos y dejó a vecinos con síntomas respiratorios.
Evidencias de contaminación
Investigaciones recientes de Greenpeace Argentina y del Conicet confirmaron la presencia de agroquímicos en descargas pluviales que desembocan en el Paraná. Entre los compuestos detectados se encuentran:
- Glifosato.
- AMPA (producto de degradación del glifosato).
- Atrazina y metabolitos asociados.
- Atrazina-Hidroxi en concentraciones extremadamente elevadas.
Estos hallazgos refuerzan la sentencia judicial y evidencian tratamientos insuficientes por parte de Atanor para eliminar los contaminantes.
Críticas a los controles estatales
El fallo también señaló graves deficiencias en la actuación de organismos provinciales como la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense, que no verificaban todos los compuestos relacionados con la actividad industrial. Incluso se detectó una conexión clandestina en la planta durante fiscalizaciones recientes.
El abogado Fabián Maggi, representante de la asociación denunciante, subrayó que la sentencia obliga a preguntarse por la verdadera extensión territorial y temporal de la contaminación y por las medidas concretas que se adoptarán para proteger a la población.
Impacto social y ambiental
La contaminación del Paraná afecta directamente a miles de personas que viven alrededor de un complejo químico instalado en pleno corazón urbano de San Nicolás. Los riesgos incluyen:
- Afectación a la salud: exposición a agroquímicos con efectos respiratorios y neurológicos.
- Degradación ambiental: pérdida de biodiversidad acuática y terrestre.
- Contaminación histórica: presencia de sustancias químicas persistentes en agua, suelo y aire.
Obligaciones del Estado
El fallo judicial establece que el Estado debe explicar:
- Hasta dónde llegó la contaminación.
- Cuánto tiempo persistió.
- Qué sustancias permanecen en el ambiente.
- Qué medidas concretas se adoptarán para proteger a la población.
Maggi insistió en la necesidad de una investigación ambiental integral, independiente y transparente, que permita conocer la verdadera dimensión del daño histórico.
Relocalización de la planta
Actualmente, Atanor se encuentra en proceso de relocalización tras la orden judicial de suspender definitivamente la producción de agroquímicos en San Nicolás. Organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) exigen que el desmantelamiento y limpieza se realicen bajo un riguroso monitoreo ambiental.
La sentencia contra Atanor marca un precedente clave en la defensa ambiental argentina. La contaminación del Paraná ya no es solo una denuncia vecinal: es una realidad judicialmente acreditada que obliga a repensar los mecanismos de control estatal y la responsabilidad empresarial en actividades de alto riesgo.
