La Corte Suprema de Justicia intimó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para que presenten un informe detallado sobre los resultados obtenidos en la limpieza del Riachuelo, en cumplimiento de la orden que dictó el tribunal en su fallo sobre el saneamiento y recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca Matanza-Riachuelo .
Debido al ‘relevante interés’ que tiene en el caso, la Corte consideró apropiado volver a tomar conocimiento inmediato sobre el grado de avance alcanzado en el plan del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo y dictó una nueva resolución firmada por los siete ministros del tribunal.
En el nuevo fallo, la Corte exigió a las autoridades nacionales, a la Autoridad de Cuenca (Acumar), al gobierno porteño y de la provincia de Buenos Aires, a que ‘en forma conjunta y mediante una presentación única realicen un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento de todos los mandatos impuestos en la sentencia’ que la Corte dicto, en un fallo considerado histórico, en el 2008 sobre el saneamiento del Riachuelo.
En el informe deberá señalarse los resultados obtenidos con ‘rigurosa precisión’, expresando en porcentajes concretos el grado en que han sido alcanzado cada uno de los objetivos que impuso la Corte en el fallo dictado en 2008.
El informe deberá contener además un ‘especifico cuadro comparativo con la situación existente a la fecha del último informe presentado por las obligadas, detallándose el especifico avance incurrido desde el 30 de junio de 2012’ hasta febrero del 2014.
Desde que el primer encargado de hacer cumplir el fallo de la corte, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fue apartado por presuntas irregularidades, en noviembre de 2012, la causa ha avanzado lentamente con diversas medidas requeridas por el juez Sergio Torres que quedó a cargo del caso.
En 2008 la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca y nombró al juez Armella como el encargado de efectuar el control de las distintas etapas que debían llevarse a cabo. Pero primero por versiones periodísticas, luego corroborados por informes de la Auditoría General de la Nación, surgieron sospechas sobre las contrataciones de empresas y las cuales estarían vinculadas al magistrado, por lo que fue apartado.
