En tan solo una semana, la empresa Bayer-Monsanto perdió dos nuevos juicios millonarios en Estados Unidos ante dos enfermos de cáncer. Ambos demandantes el uso del herbicida Roundup, a base de glifosato –pilar del modelo transgénico en la Argentina– y por ocultar la peligrosidad del producto para proteger sus ventas.
Uno de los fallos fue dictado el 20 de octubre pasado por un tribunal de St. Louis (Misuri) y el otro una semana después por un jurado de Filadelfia (Pensilvania). Por ambos casos la corporación deberá pagar más de 176 millones de dólares.
El Roundup fue introducido al mercado en 1974 por Monsanto que tuvo patente hasta 2000, cuando el producto comenzó a ser vendido por otros fabricantes. En 2018, Monsanto fue comprada por la empresa químico-farmacéutica Bayer y ese mismo año la firma terminó condenada en un juicio histórico (el caso Dewayne Johnson) que demostró no sólo que conocía los efectos cancerígenos del agrotóxico sino que lo ocultó de forma maliciosa.
Al año siguiente sumó dos nuevas derrotas judiciales por cifras millonarias. Una fue la causa iniciada por Edwin Hardeman, un granjero de San Francisco que utilizó el herbicida entre 1980 y 2012 y contrajo Linfoma de Hodgin (cáncer en el sistema linfático). Demandó a la firma en 2016 por no advertir en la etiqueta del producto los peligros del uso de Roundup y en 2019 ganó una compensación económica de 25 millones de dólares.
El mismo año, el matrimonio conformado por Alva y Alberta Pilliod, ambos enfermos de cáncer, ganó otra demanda y logró una compensación que superó los 86 millones de dólares.
Lejos de sacar el producto del mercado, con tres derrotas consecutivas y más de 100.000 nuevas demandas, la estrategia de la firma en 2020 fue alcanzar un acuerdo extrajudicial con cada uno de los denunciantes por un total de 11 mil millones de dólares. Si bien nunca reconoció los efectos cancerígenos del Roundup, reservó más de mil millones para cubrir futuras demandas de usuarios del producto enfermos de cáncer.
Por fuera de esos acuerdos extrajudiciales, la corporación obtuvo nueve victorias consecutivas en Estados Unidos hasta el mes pasado, que en una semana sumó dos derrotas millonarias que marcaron antecedentes para quienes esperan su turno en la justicia y los que aún no presentaron demandas.
Detrás de la etiqueta
Las dos nuevas sentencias contra Bayer-Monsanto fueron dictadas el mes pasado. La primera el 20 de octubre por un tribunal de St. Louis, del estado de Misuri, que falló a favor de John Durnell, a quien le diagnosticaron Linfoma no Hodgkin en 2020 y demandó a la firma porque sabiendo los riesgos cancerígenos del Roundup (que había comenzado a utilizar en 1996) lo ocultó para proteger sus ventas. La Justicia condenó a la corporación a indemnizarlo con 1,25 millones de dólares por los daños ocasionados.
Una semana después, la compañía químico-farmacéutica sufrió otro revés judicial. El 27 de octubre, un jurado de Filadelfia (del estado de Pensilvania) la condenó a pagar 175 millones de dólares a Ernest Caranci quien logró demostrar que se enfermó de cáncer debido al uso de Roundup y que en su etiqueta, el herbicida a base de glifosato no advertía sobre la presencia de carcinógenos.
Los jueces resaltaron la negligencia de Monsanto en el diseño del herbicida a base de glifosato y también en las etiquetas de advertencia del producto, tras considerar que ambos factores fueron relevantes en el Linfoma no Hodgkin que adquirió Caranci; porque además de hacer un producto defectuoso no informaron adecuadamente a los usuarios los peligros de su utilización.
Paradójicamente, las últimas dos sentencias fueron dictadas días antes de que la Unión Europea renovara la autorización para usar glifosato por los próximos diez años. El permiso se apoyó en un polémico informe elaborado por un regulador europeo que estimó que el nivel de riesgo no justifica la prohibición de la sustancia.
En la Argentina, el país más pulverizado con glifosato del mundo, decenas de organizaciones ambientales luchan hace décadas contra el modelo transgénico impuesto y la necesidad de suplantarlo por una opción agroecológica que promueva la producción de alimentos sin venenos.
Según datos difundidos este año durante el Primer Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados realizado en Rosario, se esparcen 600 millones de litros de agrotóxicos al año, lo que da una media de 12 litros por habitante.
Una reciente investigación científica realizada en Argentina y otros diez países europeos demostró el impacto que provocan los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente. Los resultados de ese proyecto denominado Sprint, que fue financiado por la Unión Europea, revelaron un dato alarmante: la omnipresencia de agrotóxicos en todos lados, incluso lejos de los lugares donde son utilizados: suelo, agua, aire y alimentos de animales y personas. Pero lo más preocupante fueron los resultados de las muestras biológicas en los más de 70 participantes voluntarios. A todos les encontraron distintas combinaciones de plaguicidas en sangre, orina y materia fecal.
Uno de los objetivos del proyecto era profundizar conocimientos sobre los efectos tanto más nocivos que provocan en la salud los diferentes tipo de cócteles de carcinógenos tóxicos. La radiografía tóxica del mapeo humano fue censurada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) que separó a la directora del proyecto, Virginia Aparicio, y dejó sin respuestas a los participantes y a toda la comunidad.
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