A casi 26 años del convenio marco sobre el cambio climático, la lucha continúa siendo una prioridad internacional. No se ha producido, ni los instrumentos internacionales actuales han propiciado todavía, un cambio drástico.
De hecho, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, previa al Acuerdo de París, reconocía que las contribuciones nacionales presentadas, no permitían lograr el objetivo de mantener el límite de 2 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100, y apuntaban claramente hacia una suba de 3,5 °C.
El Convenio (1992) y el Protocolo (Kyoto-1997) son la respuesta de la internacional y, por su intermedio, los Estados parte marcaron un objetivo: estabilizar emisiones de GEH para prevenir interferencias peligrosas en el clima.
Un largo proceso de negociación renovó el compromiso y concluyó en el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, en vigor el 4 de noviembre de 2016.
Los acuerdos han generado efectos positivos indiscutibles, pero se mantiene la dificultad del derecho internacional para ser eficaz al doble reto, mitigación y adaptación al cambio climático, sumado a mecanismos excesivamente rígidos sin voluntad política ni economía que acompañe.
El informe argentino (1960/2010) demostró un aumento de la temperatura media de 0,5 °C, llegando a superar 1 °C en zonas patagónicas; aumento de días con olas de calor y reducción de días con heladas; aumento de lluvias en el Este con inundaciones de gran impacto socio-económico. En zonas semiáridas se observó una merma en zona cordillerana con disminución en caudales de ríos cuyanos.
Argentina fijó una meta incondicional: 15% menos en 2030 con respecto a emisiones proyectadas y otras condicionadas a obtener financiamiento internacional adecuado y predecible; apoyo a la transferencia, la innovación y el desarrollo de tecnologías y el apoyo a la creación de capacidades.
