Por confirmarse la contaminación industrial, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura total y preventiva del predio de la empresa Atanor en San Nicolás, confirmando un grave caso de contaminación sobre la vera del Río Paraná.
Esta drástica medida se tomó tras corroborar las denuncias de la comunidad local, el Foro Medio Ambiental (FOMEA) y Greenpeace.
Atanor es la única productora y formuladora de Atrazina del Mercosur; además se sintetizan humectantes y se formulan herbicidas a base de Ácido 2,4-D, Ácido 2,4-DB, Éster Etilhexílico del Ácido 2,4-D, Ésteres Butílicos de 2,4-DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, SMetolacloro, Fomesafen, Cletodim, e insecticidas.
Resultado de laboratorio concluyente confirmando la contaminación industrial
Los análisis de laboratorio oficiales detectaron niveles elevados de herbicidas como glifosato, atrazina y el prohibido clorpirifos, además de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados, incluyendo arsénico, plomo y cromo.
Se constató que Atanor vertía estos efluentes industriales a través de un ducto autorizado únicamente para desechos cloacales, violando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Este es un ejemplo más de «reiterados» hechos de contaminación denunciados por vecinos y organizaciones.
Producto de esta clausura, por contaminación industrial la empresa Atanor anunció un proceso de relocalización de su operación, pero generó un fuerte rechazo al adelantar que planea mantener un centro logístico para productos peligrosos en el mismo predio clausurado.
Fabián Maggi, abogado de los vecinos, fue contundente al afirmar que la empresa «debe hacerse cargo del enorme pasivo ambiental» generado antes de cualquier traslado.
Actuación de la Autoridad del Agua
La Autoridad del Agua ya ordenó a Atanor el cegado del ducto industrial en un plazo de 24 horas y la presentación de un cronograma para el desmantelamiento de la planta de tratamiento de residuos.
Es importante destacar que Atanor ya había sido condenada en 2023 por contaminación y en marzo de 2024 sufrió la explosión de un reactor.
Recientemente, el 9 de junio, se había detectado un nuevo vertido no autorizado de efluentes líquidos, arrojados directamente al terreno natural a través de una bomba clandestina.
Greenpeace alertó sobre la gravedad de estas prácticas, señalando que la empresa «persiste en sus prácticas ilegales, ignora los fallos judiciales y pone en riesgo tanto al ambiente como a la salud pública«.
Los vecinos y sus representantes legales son firmes en su postura de no aceptar que se instale un polo logístico de agrotóxicos junto a un barrio y frente a una escuela, calificándolo de «criminal».
