La ministra de Ambiente de Colombia, Lena Estrada, celebró la aprobación de la Ley 2469 de 2025, al considerarla un avance estratégico para la protección ambiental del país, al integrar de forma oficial a los humedales dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional de Cambio Climático.
La norma establece mecanismos para reducir riesgos asociados a eventos extremos, conservar la biodiversidad acuática, y aumentar la capacidad de respuesta de los territorios ante los efectos del calentamiento global.
“Esta legislación reafirma el compromiso de Colombia con la conservación de ecosistemas clave, especialmente los humedales, que cumplen un papel vital en la seguridad hídrica, la resiliencia climática y la estabilidad ecológica y económica del país”, expresó Estrada.
Planificación territorial, restauración de cuencas y soluciones basadas en la naturaleza
La ministra también resaltó que la norma impulsará la coordinación de autoridades ambientales urbanas para prevenir intervenciones de carácter urbanístico que comprometan la integridad de estos ecosistemas, ante amenazas como inundaciones, movimientos sísmicos o deslizamientos.
El proceso legislativo que dio origen a esta ley fue posible gracias a un trabajo técnico conjunto entre el Ministerio de Ambiente, institutos de investigación, entidades territoriales, comunidades locales y la representante Leyla Marleny Rincón, promotora de la iniciativa en el Congreso.
La Ley 2469 incorpora los humedales en los instrumentos de ordenamiento territorial y propone medidas concretas para la restauración y gestión sostenible de cuencas hidrográficas.
También promueve el desarrollo de herramientas de planificación que relacionan agua, ecosistemas y biodiversidad, fomentando soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para la adaptación climática.
La ley propone criterios diferenciados para humedales permanentes y temporales
Colombia cuenta con más de 25 millones de hectáreas de humedales, de las cuales 5 millones son permanentes y requieren acciones prioritarias para su protección, restauración y conservación.
Las restantes 20 millones de hectáreas temporales demandan intervenciones orientadas al manejo del agua y la reducción de riesgos, especialmente en contextos urbanos y rurales vulnerables.
Además, 12 ecosistemas húmedos del país han sido reconocidos como sitios Ramsar, por su importancia ecológica, cultural y social a nivel internacional.
La normativa busca fortalecer la protección legal de estas áreas, regular su uso dentro de marcos urbanísticos y detener los procesos de degradación acelerada que amenazan su funcionalidad ecológica.
Llamado a las entidades territoriales: planificación responsable y monitoreo permanente
Estrada instó a los gobiernos locales a implementar la nueva ley con responsabilidad institucional, integrando los humedales en sus planes urbanos, reforzando los sistemas de monitoreo ambiental, y garantizando la conservación de estos ecosistemas estratégicos para las generaciones futuras.
