Con el objetivo de proteger el ambiente urbano y natural, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó una actualización del Código de Convivencia Ciudadana. La nueva normativa eleva significativamente las sanciones para quienes contaminen el entorno, con foco en frenar basurales, quema de residuos y abandono de terrenos.
La iniciativa busca no solo castigar, sino también prevenir conductas nocivas que deterioran el paisaje y afectan la salud pública. Entre los principales objetivos se destacan la reducción de la contaminación, la recuperación de espacios degradados y la promoción de una gestión responsable de los residuos.
La normativa establece multas que van desde los $525.200 hasta los $42.000.000 según la infracción y la magnitud del daño. La penalización más alta se aplica a grandes generadores de residuos que no cumplan con los planes de gestión exigidos.
También se prevé sancionar severamente la quema de hojas, restos de poda y otros residuos sin medidas de precaución, práctica que genera contaminación del aire y riesgo de incendios.
Un fondo para restaurar lo que se contamina
Para canalizar los recursos recaudados a partir de estas sanciones, se creó el Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales. El dinero será destinado exclusivamente a limpiar zonas afectadas, restaurar espacios públicos y realizar campañas de concientización.
Este fondo cumple una función central en la estrategia municipal: garantizar que las sanciones no solo tengan un efecto punitivo, sino que también contribuyan directamente a revertir el daño causado.
A través de operativos de fiscalización y coordinación con organismos como Defensa Civil, el municipio busca erradicar prácticas ilegales y cambiar hábitos arraigados en barrios donde los basurales informales se volvieron parte del paisaje cotidiano.
El fortalecimiento de la normativa también apunta a que las empresas asuman su responsabilidad ambiental y que se equilibre el esfuerzo entre todos los sectores sociales.
Objetivos ambientales de la nueva ordenanza
Estas medidas responden a una serie de objetivos concretos, entre los que se destacan:
- Prevenir y reducir la contaminación ambiental. Limitar los focos de basura y quemas incontroladas mejora la calidad del aire, el suelo y el agua, reduciendo el impacto en la salud pública.
- Restaurar espacios urbanos degradados. Las zonas tomadas por residuos pueden transformarse en espacios seguros y verdes, generando beneficios sociales, ecológicos y estéticos.
- Promover una cultura de responsabilidad compartida. La normativa incentiva el compromiso ciudadano y empresarial en el manejo correcto de los residuos.
Además, la regulación busca anticiparse a crisis ambientales, evitar gastos mayores en salud y limpieza, y avanzar hacia un modelo de ciudad más sustentable. Córdoba se suma así al grupo de municipios que integran la sostenibilidad como un eje central de su gestión pública.
Quema de residuos: un riesgo que se puede evitar
Entre las prácticas más perjudiciales para la salud ambiental figura la quema incontrolada de residuos. Esta acción, aunque común en muchos barrios, representa una amenaza directa tanto para el ecosistema como para la salud humana.
La combustión de hojas secas, restos de poda, neumáticos o residuos domiciliarios libera contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire. Entre ellos se encuentran partículas finas y compuestos tóxicos como dioxinas y furanos, altamente peligrosos para las vías respiratorias.
Además, las quemas en espacios abiertos incrementan el riesgo de incendios, especialmente en épocas de sequía o calor extremo. Un pequeño foco puede propagarse rápidamente y afectar viviendas, pastizales o áreas naturales cercanas.
La nueva ordenanza busca desalentar estas prácticas mediante sanciones ejemplares, pero también apunta a generar conciencia sobre la importancia del manejo responsable de los residuos. La participación ciudadana es clave: reducir, separar y disponer correctamente los desechos evita impactos irreversibles sobre el ambiente.
