El 15 de enero de 1999, el buque Sea Paraná (bandera alemana) impactó contra el petrolero Estrella Pampeana de Shell (bandera liberiana) en el Río de la Plata, provocando el derrame de más de 5 millones de litros de hidrocarburos. Fue el mayor derrame de petróleo en aguas dulces de la historia mundial, con consecuencias ambientales sin precedentes para la Argentina.
El acuerdo de 2009
Diez años después, en 2009, el Municipio de Magdalena y Shell firmaron un acuerdo que reducía de 90 millones de dólares a 9,5 millones la reparación ambiental. El entonces intendente Fernando Carballo impulsó un plebiscito no vinculante, en el que el 77% votó por el Sí, y el Concejo Deliberante aprobó ordenanzas que avalaban el convenio.
El acuerdo incluía además proyectos de desarrollo turístico, un parque industrial y una planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios.
El fallo judicial de 2025
El Juzgado Civil y Comercial Federal N°3 de Capital Federal, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, rechazó el acuerdo el 30 de diciembre de 2025 (publicado tras la feria judicial de enero). El fallo sostuvo que:
- Los derechos ambientales son de orden público y no pueden ser objeto de negociación privada.
- El monto acordado era arbitrario y sin sustento técnico.
- No se identificaban parámetros, estudios ambientales ni criterios objetivos que justificaran la reducción a USD 9,5 millones.
Stinco enfatizó que la voluntad de las partes no puede colocarse por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional ni de la Ley General del Ambiente.

Antecedentes judiciales
- En 2002, el juez federal de La Plata Julio César Miralles ordenó a Shell recomponer el ambiente por USD 35 millones.
- Tras apelaciones, en 2007 la Corte Suprema trasladó el caso a un juzgado federal de Capital Federal.
- Durante el conflicto, incluso se buscó la intervención de Máxima Zorreguieta, entonces princesa argentino-holandesa, para apoyar a Magdalena.
Impacto político y social
El acuerdo de 2009 fue impulsado por Carballo, quien luego fue senador bonaerense y parte del Frente Renovador. El plebiscito y las ordenanzas municipales habían legitimado el convenio, pero el fallo de 2025 lo dejó sin efecto, reafirmando que la protección ambiental no puede ser subordinada a intereses económicos o políticos locales.
El rechazo del acuerdo entre Shell y el Municipio de Magdalena marca un precedente clave en la jurisprudencia ambiental argentina. La decisión reafirma que los daños ambientales deben ser evaluados con criterios técnicos y científicos, y que la reparación no puede ser objeto de negociaciones que reduzcan su alcance. El caso sigue siendo un símbolo de los desafíos entre desarrollo económico, responsabilidad empresarial y defensa del ambiente.



