En el Día contra Cambio Climático, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacó la importancia de avanzar en una transición energética justa, una descarbonización de largo plazo y el cese de los desmontes y protección de humedales en un contexto en que las consecuencias del cambio climático son «cada vez más graves».
“La crisis climática ya está dejando a la vista sus efectos, como inundaciones, sequías extremas y prolongadas olas de calor e incendios”, explicaron desde la organización mediante un comunicado.
Asimismo, advirtieron que «existe una estrecha relación entre la agenda ambiental y la crisis económica y social que atraviesa Argentina. Por eso, cada año es más urgente diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de las personas”.
En ese contexto, la FARN presentó cinco propuestas de políticas públicas que surgen de la actual crisis ecológica que atraviesa el mundo, la necesidad «de transicionar hacia energías limpias y la urgencia de que el Congreso de la Nación sancione leyes que protejan el derecho de las personas a un ambiente sano», entre otros puntos.
En primer lugar, la organización apuntó a la necesidad de impulsar una transición energética «justa y popular», que apunte a «un cambio del modelo productivo, de consumo de energía y de organización social, el cual deberá integrar la eficiencia energética, el acceso a la energía, la generación de nuevos empleos y la soberanía energética«.
Asimismo, instó a que esta transición tenga el foco en «la conservación de la biodiversidad y el respeto de los derechos humanos de las comunidades que habitan en los territorios afectados».
En tanto, apuntó a la importancia de avanzar en una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático y descarbonización de largo plazo para no sobrepasar los 1,5 °C de la temperatura media global a finales de siglo, uno de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París del que Argentina forma parte.
Otro punto que la fundación resaltó es la urgencia de frenar los desmontes ante la «emergencia forestal» que enfrenta Argentina, al tiempo que consideró necesario «trabajar con los instrumentos que tiene la Ley de Bosques, aplicándolos efectivamente y complementándolos con otras medidas».
También instó a avanzar en una ley nacional para la protección de los humedales, que establezca «presupuestos mínimos para la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas«, que resulte «fruto de una amplia y efectiva participación, integrando la visión desde los territorios».
Por último, convocó a sostener y profundizar el saneamiento del Riachuelo, tal como fue establecido 15 años atrás por «el emblemático fallo Mendoza” que ordenó mejorar la calidad de vida de la población y recomponer los daños ambientales existentes en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
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