Cuando se trata de agua, Chile les está fallando a sus ciudadanos. En Santiago, la capital del país, millones de personas se quedan regularmente sin agua corriente durante días y los expertos advierten de la escasez de agua en pocos años será un mal endémico para todo el país, ya que las temperaturas suben y los glaciares se retiran.
Por ello miles de personas se han manifestado por las calles de la capital exigiendo al gobierno que derogue las leyes que privatizaron suministro de agua de Chile, que no solo no son efectivas y solo da ganancias a unos pocos, sino que han mantenido los precios innecesariamente altos y brindan un servicio cada vez peor.
Los chilenos tienen están muy preocupados por el futuro de su agua, ya que mientras el cambio climático supone una seria amenaza para el abastecimiento de agua de la ciudad, el problema es principalmente político, puesto que la privatización del agua se remonta a las épocas del dictador Pinochet.
El proceso de privatización del agua chilena se inició en 1981 estableciendo un modelo de gestión que fortalece los derechos privados, ya que adoptó un sistema de asignación basado en el mercado y en la reducción de la supervisión del estado.
Ese modelo se convirtió en emblema de las reformas neoliberales, en gran medida impulsadas por el Banco Mundial y el FMI. Con estas reformas el agua se ha convertido en un objeto de especulación financiera internacional y los expertos predicen que el ‘oro azul’ pronto se convertirá en el producto físico más importante del mundo, dejando atrás al petróleo y a los metales preciosos.
Aguas Andinas, por ejemplo, una filial de las transnacionales Agbar y Suez, casi monopoliza actualmente el mercado de la capital de Chile, acaparando la venta de agua a 6 de los 7,2 millones de habitantes de la ciudad y aplicándoles una de las tarifas más altas de América Latina.
Las protestas por el agua no se limitan a la ciudad de Santiago. En el pasado mes de abril, más de 100 organizaciones de la sociedad civil se unieron en Valparaíso en la tercera marcha anual para la Recuperación de Agua y la Vida.
Dado que el 74% de los chilenos apoya el retorno a la propiedad pública de agua, un comité especial del Gobierno ha propuesto recientemente una reforma a las leyes nacionales del agua, que darían prioridad a la alimentación humana sobre el uso comercial y otorgarían sendos poderes de supervisión a una nueva Dirección General de Aguas.
FUENTE: Ecoticias
