El proyecto para modificar la Ley de Glaciares podría poner en peligro el agua que producen estas enormes masas de hielo

En 2010, el Congreso sancionó la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial. La norma reconoció a estos sistemas como reservas estratégicas de agua dulce.

La ley estableció un piso uniforme de protección en todo el país. Además, dejó a las provincias la posibilidad de ampliar estándares, pero nunca reducirlos. Define como glaciar a toda masa de hielo perenne estable o en movimiento. También protege el ambiente periglacial, clave para regular recursos hídricos.

El inventario fue encomendado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Su tarea permitió identificar ubicación, superficie y características de cada cuerpo de hielo.

Actualmente, la norma prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en esas áreas. De este modo, resguarda funciones hídricas esenciales para consumo y biodiversidad.

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Modificar la Ley de Glaciares podría ponerlos en peligro.

El uso de agua de los glaciares en Argentina

Los glaciares argentinos se extienden a lo largo de 4.000 kilómetros en la Cordillera de los Andes. Están presentes en doce provincias y alimentan 39 cuencas hídricas.

El inventario relevó 560.000 km² e identificó 16.968 cuerpos de hielo. En conjunto, cubren una superficie de 8.484 km² bajo protección legal. Del deshielo dependen 1.800 localidades y más de siete millones de personas. El agua abastece consumo humano, agricultura y recarga de cuencas.

En 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable como derecho humano esencial. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación subrayó su vínculo directo con la vida y la salud.

La jurisprudencia también destacó la interdependencia entre hielo, suelos, bosques y cuencas. Por ello, cualquier alteración impacta en todo el sistema ecológico.

El proyecto de reforma y el debate ambiental

El Gobierno nacional impulsa una modificación a la ley vigente. La iniciativa propone otorgar mayor discrecionalidad a provincias frente a proyectos extractivos.

Según sectores críticos, la propuesta debilitaría la protección actual. Además, permitiría redefinir qué áreas cumplen funciones hídricas relevantes.

Especialistas advierten que excluir ambientes periglaciales desconoce su rol regulador. El hielo subterráneo actúa como “cemento” natural que estabiliza suelos y almacena agua.

Cualquier intervención antrópica en estas zonas repercute en las cuencas. En consecuencia, se comprometería el abastecimiento hídrico y la integridad ecosistémica.

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Modificar la Ley de Glaciares podría ponerlos en peligro.

Un debate que trasciende lo ambiental

El proyecto se inscribe en un contexto global de expansión extractiva. Minerales estratégicos como litio, cobre y cobalto concentran interés internacional.

Argentina promueve inversiones mediante regímenes de incentivo a largo plazo. Al mismo tiempo, organizaciones socioambientales reclaman fortalecer controles. La discusión no se limita a la minería. También involucra derechos constitucionales y tratados internacionales.

El artículo 41 de la Constitución impone proteger el ambiente para generaciones presentes y futuras. Por ello, el Congreso enfrenta un debate que combina desarrollo, agua y sustentabilidad.

El futuro de los glaciares argentinos definirá no solo un modelo productivo. También determinará la seguridad hídrica de millones de personas.

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